La Asociación Médica de Rosario reclama al sector financiador privado la actualización de los honorarios médicos en concordancia con los ajustes que las empresas que lo conforman ya han realizado en respuesta a las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional. Asimismo, continuamos exigiendo el acortamiento en los plazos de cobro que no deben exceder los 30 días de realizada la prestación.
Respecto de la actualización de los honorarios, entendemos que nuestro reclamo es justificado y que no hay razones para que se demore en esta ocasión ni ante eventuales incrementos que se produzcan en el corto o mediano plazo; ya que las y los profesionales de la Salud no podemos ser la variable de ajuste del sistema.
Por otra parte, seguimos sosteniendo que la solución a este problema pasa por generar valores de referencia ajustables –de acuerdo al proyecto de ley provincial presentado por el Colegio de Médicos en noviembre pasado´’– y que sea la AMR la encargada de gestionar el cobro de todos los honorarios de consultas médicas.
La Salud es un derecho y no un bien de mercado
Los anuncios del gobierno nacional nos interpelan como entidad que representa a las médicas y los médicos, con una coherente conducta democrática a través de nuestra historia. Por eso, seguimos ratificando que la Salud es un derecho de la ciudadanía y no un bien de mercado.
Con este sentido reiteramos nuestra voluntad de participación en las discusiones sobre el sistema y sus posibles cambios, que creemos firmemente deben ser el resultado de consensos entre quienes lo conforman y representan genuinamente al conjunto de la sociedad, para garantizar la plena vigencia del estado de derecho.
El acceso a la Salud va a estar limitado a la capacidad de pago
Más allá de que confiamos en la razonabilidad de quienes están debatiendo las iniciativas oficiales y que creemos que las decisiones se tomarán en base a consensos, debemos sentar nuestra posición.
En ese sentido, entendemos que como consecuencia de la desregulación de la Salud, que viene a completar un ciclo iniciado en 1993, habrá una caída de la cobertura, tanto en la seguridad social como en las prepagas, situación que se agravará por la prescindencia del Estado, lo que hará que el acceso a la salud esté limitado a la capacidad de pago de las personas.
En consecuencia se generará una situación de inequidad, acentuada también por las dificultades de acceso a medicamentos por su encarecimiento sostenido, que ratifica nuestras afirmaciones: la salud dejará de ser un derecho para ser un bien más de mercado.
