La modificación del convenio que Iapos estableció en el 92 con los prestadores de salud privados sigue generando polémica. Las autoridades de la Asociación de Clínicas y Sanatorios denunciaron la situación y advirtieron que la la nueva forma de contratación en la obra social más grande de la provincia pondría en riesgo la atención de 165 mil afiliados en todo el territorio santafesino. La preocupación corrió también por referentes sindicales y diputados provinciales que exigieron una explicación al respecto.
El vicepresidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario, Rodrigo Sánchez Almeyra, manifestó su preocupación por el perjuicio económico que trae para las instituciones médicas la deuda que mantiene Iapos y suma 550 millones de pesos. “En este momento, cuando estamos respondiendo a la situación crítica que plantea la pandemia, con un sistema saturado pero que nunca colapsó, Iapos tiene deudas pendientes por prestaciones efectuadas en el 2018”, una situación que “afecta la sustentabilidad económica” de las instituciones.
El empresario señaló que el rediseño del sistema de atención planteado por la obra social conspira contra la actual posibilidad de los afiliados a elegir el profesional y el efector de salud dónde atenderse, dificulta que los afiliados cambien de prestador y, sobre todo, que los afiliados de otras localidades se atiendan en prestadores de Rosario. “Los cambios de contrato no pueden afectar esos derechos”, consideró.
Una serie de prestadores de la obra social, entre ellos, los sanatorios Británico, de la Mujer, Norte, Mapaci, Laprida y Parque firmaron una solicitada que se publicó ayer en el diario La Capital, titulada “Iapos en la segunda ola de la pandemia”, que cuestiona con dureza el nuevo convenio propuesto desde el instituto.
Según indicaron, “la conducción de Iapos ha resulto sustraerse de todas las acciones sanitarias contra el covid o someter a todo el sistema a un estado deliberativo peligroso”.
Y señala que los fondos adeudados a los prestadores son “imprescindibles” para ser destinados al pago de médicos y personal asistencial, insumos, elementos de protección personal o el rediseño de las áreas covid y no covid, “todos rubros afectados por los incrementos inflacionarios”.
El documento remarca que estos sanatorios sostienen el 70 por ciento de las prestaciones en internación y en atención ambulatoria de Rosario y el interior de la provincia, y cuestiona el nuevo modelo de funcionamiento propuesto por el Instituto al que juzgan como “impracticable”.
