El departamento de Maldonado, que abarca balnearios como Punta del Este, Manantiales, José Ignacio o Piriápolis en Uruguay, entre otros, aprobó la aplicación de un protocolo de actuación para jueces, fiscales, Intendencia y ciudadanía en general ante casos de alteración del orden público.
Concretamente, esta herramienta pone en marcha nuevamente la Ley de Vagancia, que, aunque está vigente desde el año 1941, permanecía en desuso desde hace unos 10 años en Maldonado.
“En el año 2013 se aplicaba la Ley, pero que ahora estaba en desuso, básicamente porque el Poder Judicial, en su independencia, entendía que es una normativa muy antigua y a su vez, hubo una alteración del Código del Proceso Penal en el camino, que también dificultaba su aplicación”, explicó a ON24 el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, Rolando Rozenblum.
La gremial, que alcanza a cerca de 3.000 empresas asociadas entre directas e indirectas, fue la que motorizó este protocolo, ya que desde hace varios meses estaba recibiendo inquietudes por parte de los comerciantes con respecto a personas en situación de calle que generan situaciones de violencia y actos delictivos.
“Conseguimos alinear a todos los actores (Suprema Corte, Fiscalía, Policía e Intendencia) para poder aprobar este protocolo que estipula de qué forma tiene que proceder el ciudadano y las diferentes dependencias ante este tipo de situaciones”, señaló el empresario uruguayo.
El mismo ya empezó a regir del jueves pasado, cuando fue presentado en conferencia de prensa por todas las autoridades del departamento, y, entre otras situaciones, actúa frente a usurpaciones, invasiones, agresión a vidrieras o vía pública, como así también ante personas que duermen frente a los comercios, entre otros casos de desorden público.
Según informó el medio El Observador, de Uruguay, la Ley de Vagancia habilita a declarar a personas mayores de 21 años en “estado peligroso cuando su conducta y estado psicológico y moral, anteriores y actuales, evidencie que representan un peligro social”.
Cabe remarcar que el protocolo “es aplicable a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República Oriental del Uruguay, independientemente de su nacionalidad, edad o condición social”, de acuerdo con el documento presentado, publicado por Subrayado.com.
“El orden público es el conjunto de normas, principios y valores que garantizan la convivencia pacífica y armónica de los ciudadanos. Se entiende por situación que afecta el orden público cualquier acontecimiento que ponga en peligro la seguridad de las personas o de los bienes, o que perturbe la paz pública”, agrega el protocolo.
Así, Rozenblum manifestó que el objetivo ahora “es que este también se pueda aplicar en otras ciudades” del país, para lo cual la Cámara ya notificó a centros comerciales de diversas localidades para solicitarles que hicieran los contactos pertinentes para lograr la puesta en marcha de la ley de manera regional. “Sabemos que Rocha (departamento del este uruguayo) lo va a implementar, por ejemplo. Y entendemos que también Montevideo se podría sumar”, afirmó el empresario.
REDACCIÓN ON24
