Los concejales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ordenanza que obliga a los titulares de locales bailables o espectáculos públicos de Rosario a contar con sistemas de videocámara internos y externos en funcionamiento, como requisito para obtener la habilitación del lugar. Además, impone duras sanciones ante la falta de entrega del material fílmico a la Justicia.
“Es inadmisible que hoy en día, teniendo en cuenta la alarmante situación de violencia extrema que vivimos los rosarinos y rosarinas, un local bailable o cualquier espacio donde se realicen espectáculos públicos, donde acuden miles de personas, no cuente con un adecuado dispositivo de videovigilancia en funcionamiento”, sostuvo la concejala Anita Martínez.
En ese sentido, apuntó que “si el sistema de cámaras del boliche Ming, de La Fluvial, hubiese funcionando de forma correcta, hoy la Justicia contaría con elementos mucho más sustanciosos, seguramente, para resolver la muerte de Carlos Orellano, que nos sigue desvelando a todos y no vemos avances con el paso de los días”.
El proyecto de los ediles Alejandro Rosselló, Daniela León, Germana Figueroa Casas, Carlos Cardozo y Martínez modifica dos artículos de la Ordenanza N° 7218, de espectáculos públicos, aprobada en el año 2001. Así, en el Artículo 3.3 agrega que los titulares de las habilitaciones de los espacios destinados a realizar espectáculos públicos, sean abiertos o privados, “deberán contar con un sistema de videocámaras dentro y fuera del local, ubicado de manera tal que pueda tenerse una visión acabada de cada sector del local”.
Incluso, para aquellos locales ya habilitados en la ciudad de Rosario –son unos 250 actualmente- la iniciativa dispone que “contarán con un plazo de 60 días para adecuarse a la ordenanza”, en caso de aprobarse en el Concejo.
De acuerdo a estimaciones que realizaron los concejales del interbloque, el costo de adquisición de un equipo estándar con 8 cámaras ronda entre los 30.000 y 50.000 pesos.
Además, el proyecto también cambia el Art. 38 de la 7218/2001, fijándose el concepto de infracción o falta grave frente a la negativa del titular del local para hacer entrega del material fílmico, ya sea por requerimiento judicial y/o administrativo. La sanción podría establecer desde multas económicas hasta la clausura definitiva del lugar. “Consideramos que es urgente aggiornar la legislación de la ciudad a la situación actual, porque la ordenanza anterior claramente ha quedado obsoleta”, manifestó Martínez.
En una primera instancia, el proyecto será analizado por las comisiones de Gobierno y de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana. “Estamos abiertos al debate, pero nosotros consideramos que la seguridad de los rosarinos y la Justicia hoy deben estar por encima de muchos otros aspectos que se puedan evaluar”, subrayó la edila.
Por último, desde el interbloque también recalcaron como un punto importante a reglamentar la capacidad de almacenamiento de estos equipos requeridos, con el objetivo de que puedan guardar las imágenes en alta calidad por un lapso de 30 días aproximadamente.
