Por Luis Fleischman – Asesor senior del Center for Security Policy en Washington, DC
A principios de septiembre, la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), en La Haya, rechazó una decisión de 2011 del sistema judicial ecuatoriano que ordenó a Chevron a pagar $9.500 millones en compensación por supuestos daños ambientales en Ecuador.. La CPA sostuvo que la Sentencia ecuatoriana fue ilegal porque se obtuvo en base a fraude, soborno y corrupción. La corte criticó al tribunal ecuatoriano y al juez del caso, alegando que violaron el “orden público internacional”.
En 1993, un grupo de ciudadanos ecuatorianos presentaron una demanda judicial en una corte de Estados Unidos contra la petrolera Texaco. La demanda denunciaba que entre 1964 y 1992, Texaco contaminó las selvas y ríos en Ecuador, que resultó en daños ambientales con consecuencias negativas para la salud de residentes locales. Esta demanda colectiva fue llevada ante una corte en Ecuador en 2003, contra Chevron que habia adquirido Texaco dos años antes.
En 2007, Rafael Correa fue electo presidente de Ecuador. Correa, un presidente revolucionario de izquierda suscrito a la doctrina anti-estadounidense de Hugo Chávez, intentó influir en la decisión de la corte en detrimento de Chevron.
En 2011, una corte ecuatoriana falló contra Chevron obligandolo a pagar $8.600 millones. Si Chevron se negaba a pedir disculpas, la cantidad aumentaría a $18.000millones. Esta sentencia fue confirmada un año mas tarde por una corte de apelaciones y luego por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, la cual redujo el pago a 9.000millones. Esta decision fue mas tarde confirmada por la Corte Constitucional de Ecuador (una especie de Corte Suprema de Justicia) luego de que Chevron presentara una segunda apelacion. Los demandantes ecuatorianos entablaron demandas en Canadá y Brasil, en un esfuerzo por incautar los activos de Chevron en estos paises.
La Corte Constitucional estaba vinculada a Correa y obviamente respondieron a sus deseos.
En efecto, el CPA en su reciente decisión sobre Chevron afirmó que el juez ecuatoriano que manejó el caso recibió sobornos. Asimismo, permitió que los demandantes “escribieran secretamente” su decisión. Los demandantes actuaron con la ayuda del abogado estadounidense Steven Donziger, fundamental en la trama de corrupción. Esta opinión también fue compartida por una corte estadounidense la cual decidió suspenderle a Donziger su licensia de abogado. En agosto de 2016, una corte de apelaciones confirmó la decisión de la corte de primera instancia. Los demandantes apelaron a la Corte Suprema de EE. UU. solicitando revocar la decisión, pero la Corte Suprema se negó a escuchar la petición.
El caso de Chevron no es simplemente un caso de litigio sobre temas ambientales y de contaminación. Revela el poder de la corrupción en países donde el liderazgo no tiene ningún respeto por el estado de derecho. Esta también ha hecho que las instituciones estatales y gubernamentales sean instrumentos de delincuencia organizada y carteles de droga y, como tal, es extremadamente peligrosa para la seguridad de los ciudadanos.
Chevron tuvo la fortuna de contar con los recursos para luchar y exponer esta perversión de la justicia. La mayoría de las personas no disponen de dichos recursos. Cuando se rompe el estado de derecho, es más probable que los ciudadanos sencillos y sin influencias se conviertan en víctimas.
El actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, tiene la oportunidad no sólo de acatar la decisión del CPA, y al hacerlo, estaría sumando esfuerzos para restaurar la ley, el orden y la justicia en Ecuador
