Luego de la maratónica audiencia del martes, la jueza Mónica Lamperti resolvió dictar las medidas cautelares para las 11 personas imputadas por asociación ilícita, en el marco de la denominada “megacausa” que investiga estafas millonarias mediante la compra-venta de inmuebles.
Así, seis de ellas (Roberto Aymo, Maximiliano González de Gaetano, Leandro Pérez, Eduardo Martín Torres, Leandro Pérez y Marcelo Basilio Jaef) quedarán detenidos por 60 días, mientras que Jonathan Zárate y Jorge Oneto lo harán por 30 días. En tanto, Ramona Rodríguez mantendrá la prisión preventiva hasta el 12 de diciembre, ya que tiene a su cargo una menor de 5 años. Además, el escribano Luis Kurtzemann (hijo) y el empresario Pablo Abdala quedaron en libertad bajo una fianza de 800.000 pesos y con prohibición para salir del país. Por último, Tránsito Retamar Portillo continúa prófugo.
Las medidas de la jueza se conocieron pasada la medianoche de ayer, luego de que la Fiscalía a cargo de Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot solicitara la prisión preventiva para todos los sospechosos.
La audiencia había comenzado sobre las 9 de la mañana del martes y contó con varios cuartos intermedios, tras las declaraciones de los imputados y sus abogados, que pidieron la libertad condicional para sus defendidos, informaron medios locales. Al cierre de esta nota, aún se esperaba por el comunicado de la magistrada explicando los motivos de las cautelares.
Por su parte, el fiscal Narvaja manifestó que “la imputación por asociación ilícita la hemos fundamentado en evidencia que ya se ha procesado”. Y agregó que “la obligación nuestra no es hacer imputaciones especulando sobre qué vamos a obtener más adelante, sino también considerando todo lo que hemos analizado hacia atrás”. En ese sentido, el fiscal fue contundente: “Con la información que hemos recabado hasta el momento, creemos que tenemos elementos para, por lo menos, en esta instancia procesal, sostener esta imputación. Se ha recolectado mucho material documental en los allanamientos de la semana pasada, que ahora nos toca empezar a analizar y que nos servirá para reforzar todas imputaciones que hemos hecho, no sólo la de asociación ilícita”.
Otra de las consecuencias que se desató ayer a partir de la investigación judicial de esta presunta red delictiva fue el despido de una funcionaria del Registro General de la Propiedad, quien, según informó La Capital, está sospechada de haber facilitado información para que los imputados, acusadas de realizar fraudes y lavado de dinero con operaciones inmobiliarias, realicen ciertos trámites y puedan llevar a cabo la gestión.
REDACCIÓN ON24
