La causa que investiga la jueza Mónica Lamperti en torno a presuntas maniobras inmobiliarias fraudulentas a cargo de empresarios, escribanos, contadores y sindicalistas de la ciudad sumó ayer varios episodios nuevos.
Por un lado, varios de los abogados defensores de los imputados salieron al cruce de las medidas cautelares dictadas por la magistradas en la medianoche del miércoles, tras la extensa audiencia del martes y sostuvieron que la causa se ha politizado, fundamentalmente, a partir de la decisión del gobierno provincial de presentarse como querellante.
“La Fiscalía ha generado expectativas inusitadas en relación a esta causa que le va a costar muchísimo sostener y eso condiciona a los operadores judiciales a la hora de resolver”, dijo a Radio 2 Juan Lewis, abogado de Luis María Kurtzemann, quien obtuvo el miércoles la libertad bajo fianza. “La palabra asociación indica un vínculo. (La Fiscalía) debería haber dado una argumentación más convincente”, criticó.
“No hay evidencia de una organización delictiva”, consideró Ignacio Carbone, defensor del detenido Jonathan Zárate, de acuerdo con La Capital.
En tanto, respecto a la eventual politización de la causa, se manifestó Iván Hernández Larguía, abogado del empresario Pablo Abdala, uno de los dos imputados que logró la libertad bajo fianza, en diálogo con radio Fisherton CNN: “El ciudadano y la provincia están representados en el juicio por el fiscal, entonces, si el Ministerio Público Fiscal, que depende del Ejecutivo, está en el juicio, ¿por qué tiene que haber una querella de la provincia? Esa es una cuestión efectista”.
“Es una cuestión en la cual el Poder Ejecutivo y el Legislativo tomaron partido apenas se conoció la investigación haciendo elogios desmedidos; e incluso el gobernador diciendo que se iba a constituir en querellante porque afectaba el orden público cuando en todo caso es una mera estafa”, sostuvo, por su parte, Jorge Bedouret, defensor de Maximiliano De Gaetano, según publicó La Capital.
Por otro lado, mientras las defensas esgrimían sus argumentos en distintos medios para contrarrestar el fallo judicial, el juez penal de Apelaciones, Daniel Acosta, rechazaba la recusación contra la jueza Lamperti que habían intentado interponer los abogados de los imputados Marcelo Jaef y Leandro Pérez, Carlos Varela y Adrián Martínez.
Según informó Rosario3, las defensas acusaban a Lamperti de imparcial en la causa por haber sido ella quien autorizó los allanamientos realizados en los domicilios y las oficinas, el miércoles 12 de octubre.
Y, justamente, ayer también se dispusieron seis nuevos allanamientos a financieras, escribanías y una mutual de la ciudad, donde, si bien no hubo detenidos, la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones y la Dirección de Trata y la Policía de Investigaciones pudo hacerse de documentación importante para la causa, de acuerdo lo consignado por El Ciudadano.
Los primeros allanamientos (cerca de 20) a empresas, inmobiliarias, estudios jurídicos y notariales y domicilios particulares, ordenados por la jueza, se habían producido el miércoles 12 de octubre, donde resultaron detenidos varios de los actuales imputados.
LOS IMPUTADOS
-Roberto Aymo, Maximiliano González de Gaetano, Leandro Pérez, Eduardo Martín Torres, Leandro Pérez y Marcelo Basilio Jaef quedarán detenidos por 60 días.
-Jonathan Zárate y Jorge Oneto, detenidos por 30 días.
-Ramona Rodríguez mantendrá la prisión preventiva hasta el 12 de diciembre, ya que tiene a su cargo una menor de 5 años.
-Luis Kurtzemann (hijo) y Pablo Abdala quedaron en libertad bajo una fianza de 800.000 pesos y con prohibición para salir del país.
-Tránsito Retamar Portillo continúa prófugo.
REDACCIÓN ON24
