Sos un referente del sector privado y este es tu primer paso en el ámbito público. Algo similar sucede en otros estratos públicos. ¿Qué te llevó a ingresar en política? ¿Creés que es necesario que representantes del sector privado se involucren a gestionar lo público?
Decido involucrarme esencialmente por llegar a la certeza de que, desde mi lugar, desde el espacio que cada uno ocupa cada día en su actividad, desde el que yo ocupaba, era muy difícil que se lograran los cambios que yo ansiaba. A veces hay una tendencia a creer que con nuestras conductas diarias, nuestro modo de obrar en el trabajo, en la vida, se genera un ejemplo que puede ser seguido. No digo que ello pudiera llegar a suceder, simplemente que, en mi caso, me convencí que si creía en mis ideas, en mi trabajo, si consideraba que había cambios por hacer, tenía que salir a ocupar un espacio desde donde se pudiera trabajar por esos cambios. Se le pide mayores parámetros de eficiencia a la órbita pública. El sector privado tiene que cumplir estos parámetros o perder frente a la competencia.
¿Cómo se puede trasladar esta ventaja de lo privado a lo público?
Yo creo en repetir el modelo. Si en nuestra actividad se nos pide gestión eficiente, con objetivos de corto, mediano y largo plazo, planes de acción concretos, responsables de los mismos y evaluaciones, hay que trasladarlo a lo público. El problema de lo público es que hay que aprender a convivir con la crítica destructiva, con la obstrucción maliciosa, esa que se genera con un fin político, no como parte de un debate sano de ideas sino con la finalidad exclusiva de debilitar, de hacernos dudar si hicimos bien en involucrarnos. Si tenemos fortaleza emocional y capacidad de adaptación al medio sin caer en los vicios del mismo, creo que se pueden trasladar sistemas de trabajo que han sido exitosos en la actividad privada a lo público.
¿Cuál es la actual situación de los abogados respecto a las condiciones para ejercer su profesión, la infraestructura, la abultada competencia, etcétera?
Cuando asumí como presidente del Colegio dije que la abogacía argentina estaba en crisis, que hoy es muy difícil que los abogados que egresan de las Universidades, sean públicas o privadas, puedan vivir exclusivamente del ejercicio liberal de la profesión o que consigan trabajos vinculados con sus estudios de derecho. Hoy el título universitario no alcanza, y un post grado tampoco garantiza nada. Sin dudas, hay que ampliar el ámbito de incumbencias profesionales, pero para estar preparado para ocupar lugares que hoy no se ocupan por los abogados, hay que estar educado y capacitado para ello. Tenemos que darnos debates que no se si la abogacía se quiere dar, no sé si la abogacía quiere mirar para adentro y decir “estamos en crisis, hoy es muy difícil vivir honestamente de la profesión de abogado”, o prefiere que todo siga igual haciendo culpables a la ineficiencia del sistema de justicia, a la falta de infraestructura, a la escasez de recursos humanos capacitados. Por mi parte, a pesar de que pueda recibir críticas -que, a mi criterio, no han sido bien intencionadas en tanto han tomado de modo parcial algunas exposiciones que he hecho- prefiero ver la realidad en que me encuentro y que todos, con un correcto análisis del estado de situación, nos demos el debate sobre cuáles son los posibles métodos para solucionar la crisis. Y cuando digo todos incluyo a los abogados, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, porque tenemos que empezar a realizar evaluaciones.
El Poder Judicial tendrá que empezar a exponer índices de sentencias revocadas, plazos en que se dicta una sentencia, un proveído o un decreto, índice de satisfacción en la atención. Los integrantes del sistema, Jueces, empleados, tienen que tener claro que responden a un modelo de premios y castigos, sino va a ser casi imposible lograr que el sistema se vuelva eficiente. Al Poder Ejecutivo le tocará hacer mediciones relativas sobre porcentaje de producto bruto interno invertido en infraestructura para la justicia, índice de jueces por habitantes, cantidad de juicios ingresados y sentencias dictadas en el año en relación a número de habitantes y comparativamente con otras provincias similares. Insisto, todos los actores del sistema tenemos que proponernos la búsqueda de un sistema de justicia moderno, eficiente y transparente de acá a quince años, pero empezando ahora. Es el camino para que tengamos una sociedad más correcta y más justa.
En términos generales ¿tenemos buenos abogados? ¿Es buena la capacitación que se le brinda a los profesionales?
Yo no pongo en duda la calidad de la enseñanza universitaria en cuanto enseñanza del derecho. La pregunta que tenemos que hacernos, es si esa enseñanza es suficiente para ejercer la abogacía, para ingresar en el ejercicio profesional, y si nos prepara correctamente para salir a buscar trabajo en sectores donde competimos con profesionales de otras áreas, o si, por el contrario, es insuficiente, si se debe requerir una práctica posterior, o capacitaciones o exámenes adicionales, como ocurre en muchos lugares del mundo. Si enfocamos la pregunta desde otros ángulo, sobre si existen buenos abogados en nuestra ciudad en términos comparativos con otras ciudades del país, no dudo en afirmar que en Rosario, y en toda la provincia de Santa Fe, hay abogados tan capacitados como los puede haber en la provincia de Córdoba o en la Ciudad de Buenos Aires, y seguramente más baratos. Por eso a veces cuesta entender que la provincia o empresas locales busquen apoyo legal o asesoramiento en estudios de la Ciudad de Buenos Aires por sobre los abogados rosarinos o santafecinos. Puedo asegurar que los abogados rosarinos son tan buenos, tan capacitados y están tan integrados al mundo como los de la Ciudad de Buenos Aires.
Es un lugar común decir que la Justicia es lenta. ¿Lo es aquí? ¿Cuán congestionados están nuestros tribunales? ¿Qué fueros tienen mayores problemas?
Ya lo dije, la ineficiencia de la justicia es un problema que afecta en forma directa a abogados y justiciables. A veces en un Juzgado Laboral o en un Juzgado de Daños le puede tocar a un abogado hacer una cola de una hora y media o dos horas para acceder a la mesa de entradas para ver un expediente, y que, una vez que accede, le digan que no se encuentra en el casillero. A veces esas colas se hacen en oficinas de reparticiones públicas donde el abogado debe recurrir para tramitar un informe o buscar algún dato. El trabajo del abogado se vuelve, así, una actividad de gestoría casi desoladora, y todas esas demoras restan tiempo para la capacitación, y para el estudio y análisis de los casos encomendados. En este momento, desde el Colegio, estamos implementando un sistema de seguimiento del funcionamiento de los Juzgados en cuanto a demora en el cumplimiento de los plazos, sobre lo cual conversaremos con el Poder Judicial, y que, esperamos, sirva para mejorar estas ineficiencias.
¿Por qué la profesión tiene tanta mala prensa?
Creo que una parte de la mala prensa viene por una visión parcializada de la realidad. Por supuesto que no se nos escapa la existencia de abogados que utilizan medios cuestionables para captación de clientes, pero estos abogados no podrían existir sin alguien que los provea de quien requiere su intervención, de alguien que los acerque a quien debe actuar ante la justicia. En esto el abogado no está solo. Pero no se nos pase por alto, tampoco, que para que un abogado lleve un caso a la justicia, tiene que haber alguien que haya violado una norma. Confío en que poniendo énfasis en el funcionamiento del Tribunal de Disciplina y adaptando las normas éticas y el proceso ante estos Tribunales a los tiempos que corren, la propia abogacía va a expulsar sus elementos nocivos. A los abogados honestos, correctos, leales, que son la mayoría, no les sirve convivir con aquellos que no lo son. La propia profesión se va a encargar de excluirlos. Es un trabajo que nos corresponde a nosotros por el bien de la abogacía y en el que estamos enfocados, y en el que trabajaremos conjuntamente con todos los sectores involucrados.
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