Por Sebastián A. Abella – Investigador del CISE Fundación Libertad y estudiante de Economía en la UNR
El debate sobre la economía basada en plataformas digitales ha reavivado su fuego. Pero en esta oportunidad no es “Uber” el nombre escrito en las pancartas ajetreadas.
Rappi, que se instaló en la Capital Federal por febrero del corriente año y que anunció abiertamente sus intenciones de expandirse en Rosario, hace posible que casi cualquier producto pueda llegar en aprox. 30 minutos a tu hogar desde un supermercado, kiosco, negocio o restaurante con solo unos “clicks” en tu Smartphone. Su modalidad de trabajo, basada en cadetes que van en bicicleta (rappitenderos) ya era asimilada por otras dos empresas al momento de su llegada al país, Glovo y PedidosYa.
A pesar de que la adición a estos nuevos tipos de empleo es totalmente voluntaria, el interés argentino por encajonarlos en lo que podría definirse como un marco de negociación perteneciente al siglo XX, no se ha hecho esperar. Por lo tanto, no es nada impresionante que en apenas unos pocos meses estos repartidores hayan protagonizado huelgas en solicitud de cambios en la plataforma. Lo cual ha culminado en la formación el primer sindicato del rubro en la región, permitiendo a los trabajadores de Apps ejercer una mayor presión al momento de negociar sus condiciones laborales.
Todo lo mencionado refleja que nuevamente detrás de las medidas implementadas, para abordar los desafíos presentados por la innovación tecnológica, subyace una enorme subestimación de la temática. Esta simplificación del problema, que ya habíamos presenciado con el debate “Uber si, Uber no”, no hace más que relegar la necesaria discusión que debiera darse en relación con la ya abrumadoramente necesaria reestructuración del mercado laboral argentino y la implementación de un marco normativo apto para un proceso que ha sido catalogado por el mismo World Economic Forum (WEF) como la cuarta revolución industrial.
La economía de plataformas digitales supone un complemento para sectores de la economía tradicional, ampliando la oferta, promoviendo alternativas de trabajo y fomentando la competencia y la inclusión social y económica. Al tiempo que, tiene la capacidad de disminuir externalidades negativas tales como la corrupción, la contaminación y el consumo ineficiente de bienes y servicios.
Las oportunidades de la Argentina en este sentido parecen estar claras, si se considera que para el cuarto trimestre de 2017 se registró que el 75,9%, de los hogares urbanos tiene acceso a internet y que además, 8 de cada 10 personas emplean teléfono celular y que 7 de cada 10 utilizan internet.
Si nuestro país espera en algún momento abandonar efectivamente las rueditas de contención y empezar a accionar bajo la nueva dinámica global para ser competitivo, se hace inadmisible la pretensión de que frente un escenario cambiante las condiciones de negociación y las relaciones laborales sean las mismas que las utilizadas en el pasado, el intento de su replicación, como ya se ha visto en el sector de empresas de Contact Center (CC), deriva en la relocalización masiva de las firmas del rubro. Se necesita un sistema de promoción de garantías para el trabajador que priorice -no ante la salud del empleado, pero sí sobre las rígidas y ya anticuadas relaciones laborales- la dinámica flexible y cambiante con la que operan las nuevas empresas a escala global y la potencial generación de puestos de trabajo que puede traer el establecimiento de firmas que accionen bajo esa lógica.
En este sentido, se es crítico con el enfoque de “precarización de las relaciones laborales” y más bien se aborda el estudio bajo una visión que antepone los beneficios, en términos de mejoras del tejido productivo y de creación de empleos, para los países que son receptores de estos flujos.
