Por Laura Rodríguez Machado*
Durante años distintos gobiernos mantuvieron, alentaron y acrecentaron una eterna injusticia social que ha sufrido nuestro país, pero sobre todo el interior al que represento: una distorsión tarifaria con una clara finalidad política que, en detrimento de las ciudades más necesitadas, favorecía a uno de los distritos con mayores ingresos del país.
No se me escapa que los bajos salarios y la falta de oportunidades laborales fueron compensadas con subsidios que no solucionaron el verdadero problema de los trabajadores tanto de Buenos Aires como del interior, fruto de tanto tiempo con gobiernos que han desalentado la iniciativa privada y el emprendedurismo como, por supuesto, debido a la descomunal corrupción que azotó a la Argentina; hay que tener en claro entonces que, debido a ello, muchos ciudadanos requieren hoy de una ayuda social para, entre otras cosas, transportarse. Pero, teniendo en cuenta que los subsidios se traducen en dinero, que este no es infinito y que, sobre todo, son pagados por todos y cada uno de los argentinos a través de nuestros impuestos, estos deben ser utilizados con un gran sentido de justicia, equidad y prudencia.
Dicho esto cabe preguntarse ¿eran justas las tarifas y sus respectivos subsidios en el área metropolitana? Y sobre todo ¿a qué criterio respondían estas?
Teniendo en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires tiene en promedio una diferencia de ingresos de más del 30% según el economista Juan Manuel Garzón, y que además el área metropolitana es ampliamente la más poblada del país concentrando en una pequeña extensión de territorio al mayor número del padrón electoral, es totalmente lógico conjeturar que esta irresponsable cantidad de subsidios se haya debido, lisa y llanamente, a un verdadero populismo tarifario cuya finalidad siempre fue mantener contentos a la mayor cantidad de votantes, sin importar que todos ellos necesitaran o no de ese subsidio, derrochando así recursos costeados por un interior totalmente desfavorecido.
Hay que aclarar entonces, que lejos estamos de poder llamarle a esto un “tarifazo” como se ha dicho, sino que se trata de una racional distribución de los recursos de todos los argentinos a plena conciencia de su escasez, haciéndolos más eficientes al dirigirlos principalmente a aquellos que más lo necesitan tomando así un criterio de calidad y no de cantidad.
Es necesario poner en relieve que al estar la tarifa social correctamente dirigida, de manera seria y con un total conocimiento de la verdadera situación de la gente, será ampliada la cantidad de beneficiados de ésta en el área metropolitana, pasando de algo más de 2 millones a 6 millones en total. Lo único que se ha dejado de hacer aquí, es que personas que ni siquiera han visto un subterráneo en su vida le paguen la mayor parte del boleto no solo a personas que duplican sus ingresos, sino que además hasta a los más de 2 millones de turistas que visitan la capital argentina cada año y utilizan el transporte público, quienes deberán pagar la tarifa normal.
A tan solo meses de comenzado el ejercicio de este gobierno, podemos ver los numerosos ejemplos –como el anterior- del nuevo rumbo tomado por nuestro país quizás antes impensado, en el que el federalismo, la justicia, la transparencia y la eficiencia en la administración de lo que es de todos, se convirtieron en los pilares para la construcción de una nueva Argentina.
*Senadora Nacional por Córdoba, presidente del Bloque Frente Pro y miembro de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta
