Por Garret Edwards
@GarretEdwards
Director de Investigaciones Jurídicas de Fundación Libertad
Ayer por la tarde, con la presencia de los Ministros de Seguridad y de Justicia, Patricia Bullrich y Germán Garavano, en la Cámara de Senadores comenzó el tratamiento de dos proyectos de ley que podrían llegar a ser vitales en el entramado político y judicial de la Argentina: el que incorporaría la figura del arrepentido al Código Penal, y el que se ha dado en conocer como de extinción del dominio, que apunta a la incautación de bienes obtenidos de forma ilícita.
Ambas iniciativas cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados, pero lo que quedó claro desde la jornada del martes es que los dos proyectos probablemente sean retocados, y terminen volviendo desde la Cámara Alta hacia la Cámara Baja, desde Senadores hacia Diputados. Ocurriría, entonces, algo inédito hasta el momento: serían las primeras leyes en lo que va desde que asumió el macrismo que sufrirían cambios en Senadores y deberían, entonces, volver a Diputados. Desde un Frente para la Victoria que parece desmembrarse, y que aún tiene la mayoría determinante en el Senado, en boca de Miguel Ángel Pichetto y compañía dicen que “las normas se están apurando de forma demasiado rápida”.
De cualquier forma, los posibles cambios que puedan realizarse en este proyecto y en el de extinción de dominio no deben interpretarse como un ataque de la oposición al oficialismo. Es que los propios senadores de Cambiemos también han manifestado que ambos proyectos deben ser “mejorados”. Por ejemplo, por un lado, sobre el proyecto de extinción de dominio, éstos han presentado reparos expresando que está “mal redactado” y que sería “inconstitucional”, porque permitiría la incautación de bienes incluso sin que hubiere sentencia firme, lo cual sería, a todas luces, ilógico y potencialmente dañoso.
Por el otro lado, en el caso de la figura del arrepentido, hace semanas que se rumorea que se busca poner un límite temporal en el proyecto para que el imputado pueda acogerse a la figura. El consenso sería que el arrepentimiento debería ocurrir entre el procesamiento del acusado y la elevación a juicio, y luego de que se elevare la causa a juicio ya no podría el imputado arrepentirse. Ahora mismo, el proyecto prevé la posibilidad de arrepentirse en cualquier momento de la causa.
Este rumor no parece nada saludable, máxime teniendo en cuenta que eso imposibilitaría que en muchas causas que ya tramitan pueda utilizarse esta figura. Y uno entiende a qué se debe tanta reticencia por parte del poder político para aprobar la ley del arrepentido, basta poner el ojo en Brasil, que el viernes estará con la atención de propios y ajenos puesta completamente en la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, y al mismo tiempo en el Senado brasileño estarán leyendo el Informe Senatorial de Antonio Anastasia en contra de la Presidente suspendida Dilma Rousseff. Luego, el 9 de agosto, votarán, y si el informe es aprobado, la Corte Suprema convocará a una última sesión que definirá el destino último de Dilma.
Brasil lo tuvo, y lo tiene, al Juez Sérgio Moro, el juez que puso en jaque a la corrupción y a los corruptos brasileños. Acá difícilmente tengamos un Juez Moro, héroe nacional, porque los jueces que tienen la obligación de juzgar a todos estos personajes, y de defendernos, son los mismos jueces de la servilleta, los mismos jueces de los que todos desconfiamos. El Presidente Mauricio Macri dijo el día que asumió la primera magistratura que él no quería jueces macristas, pero no parece ser algo que él pueda decidir. Muchos jueces se sacaron la camiseta naranja y se pusieron la amarilla desde el 10 de diciembre de 2015, y ninguna de las dos opciones es saludable. Los jueces no deben tener puesta ninguna camiseta más que la de la Justicia como faro y objetivo.
Argentina necesita jueces probos, y hoy mismo muchos de ellos no lo son, ya que han sido y son cercanos al poder desde hace años. Argentina necesita algunas leyes y normas que hoy por hoy no tiene, aunque la mayoría ya están, y quizá no obtenga exactamente las que le hacen falta. ¿Por qué? Porque los mismos que tienen que darnos las leyes, y los mismos que tienen que aplicarlas, son los mismos que podrían ser los primeros en ser juzgados si el sistema funcionase bien, y ahí hay un gran conflicto de intereses -los de la sociedad y los de estos individuos-, y para ellos es un tema de defensa personal.
