Por Garret Edwards – @GarretEdwards
El descanso dominical es un relato. Sí, como suena. Relato en el sentido en el que tan mal nos acostumbramos en la infame década pasada. Una historia, un cuento, un ardid, una mentira ideada para ocultar lo que verdaderamente detrás de él se encontraba: una infame y mal redactada pieza jurídica que a las claras demostraba no tener nada que ver con aquello que decía defender. Es que en ningún lado del texto se hablaba del derecho al descanso del trabajador. Siquiera aparecía la palabra “descanso” una sola vez.
¿Por qué no aparecía la palabra “descanso”? Porque todo esto es competencia federal, y nada puede decir una norma local al respecto. A pesar de todo, el gremialismo, el sector empresarial que se beneficiaría (y mucho) con la medida, y el periodismo políticamente correcto le dieron para delante. Y aunque algunos, cuando nadie los escuchaba ni grababa, confesaron estar en contra de la norma y saber que la misma no era correcta, luego no hicieron nada. La Constitución, como sabemos, tristemente es cosa secundaria.
Y sin embargo, el argumento en contra del descanso dominical basado en la inconstitucionalidad, que en cualquier país con instituciones saludables sería más que suficiente para desterrar cualquier tipo de defensa, no parecía alcanzar. A riesgo de citarse a uno mismo, y sólo para algún despistado que no lo tenga presente, el párrafo siguiente lo engloba perfectamente:
“Cabe recordar -o advertir- que la Constitución Nacional establece la existencia de determinada legislación que sólo puede ser dictada por el Congreso de la Nación. Las normas de este tipo son llamadas generalmente “Derecho de fondo” o “Derecho común”. Se trata de normas que se definen conjuntamente a nivel nacional y federal para que rijan de una misma forma en todo el país, sin generar diferencias entre las provincias. Imaginemos, por ejemplo, el trastorno que resultaría si uno pudiera ser dueño de un auto en Catamarca pero no en Chubut. O si un hecho pudiera ser delito en Santa Fe pero no en Córdoba. Dentro de este conjunto de leyes que rige para todo el país por igual se encuentra la ley nacional 11.544 de Jornada de Trabajo. En ella se establecen los principios y reglas aplicables sobre esta cuestión para cualquier caso, desde Ushuaia hasta La Quiaca.”
Mientras la Justicia se toma su (lento) tiempo para dar respuesta a este debate, ya con sentencias favorables en segunda instancia tanto de las Cámaras de Apelaciones de Reconquista y de Rosario, la situación parece comenzar a tomar virajes inesperados en nuestra ciudad. Por un lado, con el precedente de tres supermercados que han podido abrir sus puertas los días domingo desde enero, los que no presentaron reclamo alguno en su tiempo empiezan a vociferar sus quejas. Incluso, algunos se toman el atrevimiento de pedir que cierren todos o que abran todos, poniendo en esa bolsa a los que ya obtuvieron resoluciones gananciosas. Otros tantos se animan a abrir sin aún tener respuesta en los tribunales, con una temeridad que nosotros no recomendamos ni avalamos.
¿De qué se quejan en el fondo? De que todas las semanas están perdiendo potenciales ingresos, y ahora da la impresión de que se dieron cuenta de que la ecuación no les cierra. El Secretario de Comercio de Santa Fe, Juan Pablo Diab, confesó los verdaderos motivos detrás de la controversial norma: “el objetivo de la ley se ha terminado travistiendo, algunos lo usan para argumentar despidos, otros para otra cosa (…) pero el objetivo principal era la redistribución de la riqueza hacia los pequeños comerciantes locales los días domingos, lo cual no hace mella económica a las grandes cadenas”. Sí, tal como se lee. Lo del descanso (sólo para algunos trabajadores) no era más que una máscara que intentaba tapar la real cara de todo esto: que todo era una cuestión de dinero, y no de derechos.
