La negociación con los docentes volvió a abrir el proceso de paritarias. Con el inicio de clases cada vez más cerca, las provincias buscan alcanzar un acuerdo salarial con los gremios docentes, los cuales servirán de referencia para el resto de los empleados públicos (y, acaso, también algunos privados). El caso más emblemático es la Provincia de Buenos Aires, donde ejercen más de 300 mil maestros. Precisamente, este distrito pretende replicar el acuerdo alcanzado en diciembre pasado con un sector de los trabajadores públicos (alrededor de un cuarto del total) de un 18% en tres tramos con una cláusula “gatillo” si la inflación supera el 4% trimestral. Sin una pauta nacional, a pedido de los propios gobernadores, las posiciones aún no se acercan. La postergación del inicio de clases no es el único riesgo, ya que los aumentos salariales afectan las finanzas provinciales y la dinámica de los precios.
La paritaria docente es más que una señal para el resto de los gremios, ya que repercute directamente sobre el resultado fiscal. El Estado bonaerense gasta cerca de 24% de su presupuesto en el salario de los docentes y prácticamente la mitad de lo que destina al pago de remuneraciones de todos los empleados públicos. Por lo tanto, cada punto porcentual de incremento salarial tiene enorme repercusión. Para poner cifras en concreto, cada 1% de aumento que se otorgue a los docentes representa un desembolso de aproximadamente $ 1.000 millones para la provincia. La diferencia entre lo que ofrece la gobernadora (+18% con gatillo) y lo que demandan los gremios (+34%) hoy equivale a $ 15.700 millones, prácticamente todo el déficit primario registrado en 2016 y más que el rojo presupuestado para el corriente año. Puesto en otros términos, si los docentes logran el aumento que exigen, para cumplir con la ley de presupuesto el gobierno provincial sólo podría otorgar aumentos de 10% a los gremios que aún no se sentaron a negociar. Claramente, ello no ocurrirá. Las posturas de negociación se acercarán en el caso de los docentes y eso dejará margen de acción para cerrar el resto de las paritarias. Pero ambos ejemplos sirven para ilustrar un punto: a la Provincia de Buenos Aires no le sobra dinero y las necesidades a atender son múltiples, sobre todo en un año electoral.
Las negociaciones salariales son un verdadero dolor de cabeza para todas las provincias. En el consolidado, los 24 distritos destinan cerca de 56% del gasto total a las remuneraciones de los empleados públicos. Nuevamente, cada punto de incremento implica un fuerte aumento del gasto, en un contexto en el cual la diferencia entre ingresos y gastos ya es negativa (se estima que 2016 cerró con un déficit primario consolidado de 1,3% del PBI). Se entiende, entonces, el rechazo de los gobernadores a que la Nación incida sobre la paritaria docente: las cifras negociadas por el Ministerio de Educación generalmente funcionaron más como piso que como techo para las paritiarias firmadas a nivel provincial. La situación también permite entender la postura prudente por parte del gobierno nacional. Más allá de las negociaciones con los empleados públicos bajo su órbita, si las paritarias provinciales se desbordan los pedidos de auxilio financiero estarán a la orden. Y fondos tampoco sobran en el Tesoro Nacional sino que, por el contrario, se está tratando de reducir el déficit.
Al mismo tiempo, las paritarias se convierten en un factor de peso dentro del proceso desinflacionario. Más allá del cambio de precios relativos (tarifas), una parte importante de la inflación se explica a través de su inercia. En este sentido, anclar las expectativas y lograr paritarias “acordes” es un objetivo prioritario para el gobierno. El BCRA, a través de una política monetaria restrictiva (aunque hay debate si se relajó tras el cambio de instrumento), avanza lentamente con la primer parte del trabajo. El resto del gabinete económico, en tanto, deberá encargarse del segundo punto. En rigor, las paritarias actúan como mecanismo propagador de la inercia inflacionaria, ya que se trata de negociaciones fragmentadas, distribuidas a lo largo del año, de implementación escalonada y con un fuerte componente retrospectivo.
Los acuerdos salariales podrían comprometer el cumplimiento de la meta de inflación. Un estudio del FMI1 muestra un alto grado de persistencia en el crecimiento de los salarios nominales, la inflación y las expectativas. Las propias simulaciones del FMI empleando este modelo arrojan una inflación esperada del 20% para fines de diciembre, por encima del máximo de la meta de 17%. Calibrando el modelo utilizando los datos salariales del INDEC (recientemente vueltos a publicar), la información del REM para las demás variables y asumiendo una tasa de interés real de 4% (que es adonde parece apuntar el BCRA), la simulación arroja una inflación de 23% anual. Resulta interesante notar que si se lograse un aumento salarial promedio del 18% la inflación resultante según este modelo sería casi de 16% anual, mientras que si las paritarias cerraran en 25% la simulación arroja un aumento de precios del 20%. Podemos considerar estos resultados como “optimistas” ya que no consideran shocks (como aumentos de tarifas) que puedan afectar al propio IPC o a las expectativas. Si bien el ejercicio es meramente ilustrativo, sirve para entender las opciones del BCRA. Si las paritarias se desbordan tendría que subir la tasa de interés real, a costa del crecimiento, o, alternativamente, incumplir con su meta para no dañar el nivel de actividad en un año electoral.
