28 de marzo de 2018 – Con el uso de las redes sociales parece universalmente aceptado que cualquiera puede bloquear a otro con la finalidad de que el bloqueado no acceda al contenido del bloqueador. Y que hacerlo esté bien. Pero no siempre es así con los políticos.
Algunos meses atrás se conoció un acontecimiento inédito a nivel mundial, como lo fuera la sentencia judicial contra Cuauhtémoc Galindo Delgado, alcalde de Nogales, Sonora, Méjico, quien bloqueó, en agosto pasado, a Luis Óscar Ruiz en la red social de Twitter, a partir de lo cual el demandante no podía conocer más sobre las actividades como servidor público de su intendente. Al enterarse de ello, Ruiz, un simple ciudadano y modesto vecino de Nogales, decidió interponer un amparo, fundado en que el bloqueo vulneraba su derecho a la información. El amparo se decidió a favor de Ruiz, considerando la calidad de servidor público del bloqueador, toda vez que su cargo era la de máximo responsable del ejecutivo municipal en el que él mismo vivía. De allí la importancia de estar actualizado sobre todo lo que sucede en su lugar de residencia, que dicho lord mayorpersonalmente le obstaculizaba. Frente a esta situación, Andrés Grijalva, a cargo de la Unidad de Transparencia de Nogales, replicó que la cuenta de Galindo era de carácter personal, y sólo administrada por éste. Es decir sin ningúncommunity manager a su cargo. Ante esta respuesta, Ruiz presentó un pedido de amparo exigiendo su desbloqueo, argumentando que le impedían de modo unilateral su libre acceso a la información y a las acciones de gobierno del servidor público cuestionado, quien aunque respondiera que su cuenta de Twitter era de carácter personal, el juez interviniente falló a favor del reclamante, al entender que en la cuenta del funcionario se difundía información de carácter público, como lo son actividades oficiales que realiza, eventos públicos a los que asiste, entre otros, impidiendo con el bloqueo a su cuenta el debido derecho a la información.
Con mucha más notoriedad mundial que el funcionario mejicano, podemos mencionar al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un usuario intensivo de Twitter, del que se sabe que tuitea (a toda hora), no desde la famosa cuenta de @POTUS, sino desde la que usó siempre, @realDonaldTrump, antes de acceder a la primera magistratura. Lo que no quita que desde hace poco más de un año todo lo que publica lo efectúa siendo el líder de uno de los países más poderosos del mundo, y que el mismísimo Secretario de Prensa de la Administración Trump, Sean Spicer, afirmara que los tuits de Trump deben ser considerados comunicados oficiales de la Casa Blanca. ¿Queda claro? Y esto va más allá de lo que puede ser simplemente anecdótico del caso, como algunos ilustres nombres que Trump bloqueara, como el de Stephen King, tan sólo por expresarle su disconformidad con algunas de sus medidas. King le respondió con humor: “Trump me ha bloqueado para leer sus tuits. Quizás tenga que matarme”. Pero no por ello deja de ser grave, ya que con sus permanentes bloqueos Trump estaría violando la Primera Enmienda norteamericana, que garantiza el derecho constitucional a la información. Lo cual algunos califican de significativo autoritarismo, y por demás de peligroso. Lógicamente, Donald Trump tiene en curso una demanda judicial en su contra, y el debate llegó a la Corte de Nueva York luego de que la organización de defensa de la libertad de prensa, The Knight First Amendment Institute, calificara de inconstitucionales los constantes bloqueos en Twitter del actual presidente.
¿Cualquier miembro del poder ejecutivo, legislativo y judicial tiene el derecho a bloquear a sus followers tan sólo porque no les gustan las opiniones o intervenciones de los mismos? ¿Pueden manejarse en ese contexto como cualquier usuario común? Claramente que no. Como ciudadanos tenemos el derecho a enterarnos de primera mano sobre lo que piensan o hacen estos personajes de la vida política, sobre todo algunos en particular que se vinculan con lo que tiene que ver con nuestra vida diaria, nuestro bienestar y nuestra seguridad. Aunque nuestros comentarios les provoquen la molestia de descubrir que sus acciones no son consideradas todo lo transparentes que suponen o esperan, y los sacudan de su modorra y soberbia política, aplicándoles un baño de realidad. Y todo por no formar parte de sus respectivos equipos de trolls y aplaudidores. Y por no tolerar sobrellevar un democrático diálogo con su interlocutor virtual de turno. Siempre en términos y modos del adecuado respeto mutuo.
En nuestro país el caso más extremo de usuaria cuasi patológica de Twitter (además de sus cuentas en Facebook e Instagram), con cataratas de gorgeos a modo de catarsis personal (aún antes de conocerse sus impresentables diálogos telefónicos, en modo sketch, con Oscar Parrilli), fue (y sigue siendo) la viuda de Kirchner. Con todo lo que implica el personalismo exacerbado de alguien de cuidado, que no dudaba en afirmar, con tono amenazante, que se debería temer no sólo a Dios, sino también a ella. Y todo, en ese período de ocho años oscuros que viviera el país. Porque es indiscutible que la información que procedía de la primera magistratura era de esencial importancia para cualquier habitante de este país. Pero con la impunidad que la caracterizaba, a todo nivel, era impensable cualquier reclamo al respecto. Bastaba con cualquier apelación a la ironía o un civilizado comentario contrario a sus afirmaciones para padecer el ostracismo del bloqueo.
Siguiendo con este razonamiento, bajemos a nuestro territorio provincial santafesino, castigado desde hace una década por una descontrolada violencia, con millares de asesinatos que configuran en sí mismos un pequeño gran holocausto, y con una llamativa inoperancia de los sucesivos gobiernos socialistas, que provocara que a nivel periodístico, y también desde algunos círculos políticos se hablara de “Santa Fe, gran zona liberada”, o de “Rosario, capital nacional de la inseguridad”. O peor aún, que desde Buenos Aires se hablara de NarcoSocialismo. Con todo ello como antecedente, donde las preocupaciones y las angustias son diarias, y nos despertamos leyendo titulares de diarios y portales en los que nos enteramos de que los niveles de delincuencia y muertes no han casi disminuido, el actual ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se da el lujo de bloquear a todo aquel que le exprese sus quejas y sus críticas. Ese es el ambiente de zozobra en que nos suman. Así obra el actual ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Quizás porque entre otras incapacidades políticas tienen la de no poder distinguir entre la ironía y la calumnia, entre la crítica y la injuria.
Y de cara a las elecciones de 2019, donde la mayoría esperamos un cambio político superador tanto en provincia como en la ciudad de Rosario, quienes sucesivamente se refugiaron en el cargo de Senador departamental (en estos casos por Rosario), probablemente la beca política más deseada de toda la provincia de Santa Fe, han sido Miguel Lifschitz y Miguel Cappiello, de quienes nadie recordaría lo más relevante (ni nada) de la obra legislativa de cada uno de ambos, y que uno, actual gobernador, parece despojado de toda obligación por su rol, sólo inmensamente preocupado por conseguir una reforma constitucional que lo habilite para intentar su excluyente objetivo reeleccionario, a costa casi de cualquier cosa, aparece un nuevo jugador interesado en la continuidad de la decadencia en la intendencia rosarina, que no es otro que Miguel Cappiello, quien sin grandes merecimientos ni cualidades a la vista aspira a ser intendente. Causó sorpresa, y gracia, y luego indignación, que en una entrevista a un medio gráfico local afirmara “Nunca me han puteado, ni siquiera en las redes sociales”. Y uno se pregunta si es alguien acostumbrado a mentir, o convencido de una realidad propia o que cree que es natural esquivarle al diálogo, bloqueando, sí, bloqueando a todo aquel que piense diferente. Quien no tiene la capacidad de ponerse en el punto de vista del otro, ni empatía alguna con sus vecinos a los que piensa gobernar, ni vocación por el diálogo y respeto por el disenso, ¿está centrado para tamaña responsabilidad? Todo indicaría que no. Y esto va más allá de que muchos estamos cansados de una gerusía que poco o nada trabajó en su vida, a no ser ocupando cargos públicos durante décadas, y para beneficio de nadie. Tal vez sea hora de dejar espacio a los más jóvenes, a aquellos de quienes estos viejos apuntan por su supuesta falta de experiencia. Sí, parafraseando a León Gieco, estos jóvenes no tienen experiencia. Experiencia de robar…
Por Ernesto Edwards
Filósofo y periodista
