Desde algunos unos años hay un acto en marzo, la “apertura del año judicial”, donde algunos selectos invitados escuchan a la Corte o mejor dicho, a su presidente.
Esta vez, el Dr. Lorenzetti, que integra la Corte desde 2004 y la preside desde hace 12 años, dio un discurso que algunos interpretaron como autocrítico, pero que en realidad ha sido crítico, ya que no se refirió tanto a los errores y defectos de su prolongadísima gestión ni a las responsabilidades de la Corte, sino a los problemas del Poder Judicial como un conjunto, por lo cual las culpas recayeron sobre todos los jueces y sobre el Ministerio Público Fiscal.
Los abogados y la gente que ha litigado sabemos mejor que nadie que el sistema judicial ya colapsó, porque aún excluyendo al demasiado problemático sector Criminal Federal, el resto de los fueros no puede estar orgulloso de su resultado: tardanzas inconcebibles, costos altísimos, absurdos administrativos, idioma oscuro, formalidades ineficientes, impunidad, corporativismo, desprotección fiscal y debilitamiento de los contratos, amparo de pretensiones laborales absurdas, inacción ante excesos sindicales y por supuesto, una lenidad suicida ante los crímenes de sangre, solo superada por una total inutilidad en la lucha anticorrupción.
Desde su nombramiento, el Ministro de Justicia Garavano desarrolla acciones concretas para cambiar esta situación, como “Justicia 2020”. Pero enfrenta continuos obstáculos de quienes quieren que todo siga igual. El Ministerio de Justicia expone estadísticas devastadoras, como por ejemplo, que el 99% de los delitos no tienen sanción efectiva.
Esa realidad ocurre en un entorno judicial que tiene una gran mayoría de jueces, fiscales, funcionarios y empleados buenos o muy buenos. ¿Cómo se explica esa contradicción?
Hay muchas causas, empezando por unas pocas leyes malas que debe corregir el Poder Legislativo y que el gobierno trata de revertir pese a ser minoría en el Congreso. Ejemplos: los códigos procesales, la necesidad de un mejor sistema acusatorio, la extinción de dominio y una muy mala ley del arrepentido.
Se suma un Consejo de la Magistratura trabado por los distintos grupos que lo integran, ninguno con mayoría suficiente para la remoción de magistrados impresentables, sobre todo porque el Poder Judicial, como todo grupo humano, tienen un espíritu de cuerpo demasiado fuerte y cerrado.
Pero eso no es excusa, porque los jueces son más que funcionarios públicos: cada uno individualmente es el Poder Judicial y está investidos de más poder que nadie en el sistema republicano: permanencia de por vida, garantías totales de independencia y hasta el derecho a invalidar las leyes que considere inconstitucionales. Por eso es inadmisible legal y éticamente, que protejan a colegas indecentes. Mientras lo sigan haciendo nada va a cambiar.
Los obstáculos para recuperar un sistema judicial compatible con el mundo actual tiene su colofón en la Corte Suprema de Justicia. Por un lado porque sigue con meros 5 miembros y es dominada en definitiva por 3 votos. Eso depende una ley y mas allá de la cuestión práctica de tener mas miembros para trabajar mas rápido, es clave diluir el poder que hoy tienen esos tres votos, poder que se mantendrá durante toda su vida al ser cargos vitalicios. La democracia no es compatible con semejante concentración de poder, virtualmente absoluto. Al menos, debe ser compartido, diluyéndose entre más personas.
Por otro lado depende de la propia Corte terminar con la reelección indefinida de su presidente, defecto anti-republicano en poderes que se renuevan como el Legislativo y el Ejecutivo y mucho mas grave en un poder como el Judicial donde los cargos duran hasta los 75 años. Esta pésima seudo tradición debe terminar este año y la Corte puede hacerlo en horas. Si quiere.
Otro cambio que puede hacer la Corte con su sola decisión, es terminar con su excesiva prudencia en admitir y resolver casos emblemáticos de todo orden y al hacerlo usar terminología clara, concreta, no dilatoria y hasta concisa.
Quienes no actúan en o ante los tribunales no saben cuan fuerte y absoluto es el poder de la Corte. Puede hacer mucho mas de lo que le permite las leyes y prueba de ello es que pese al texto expreso del art. 114 de la Constitución, para bien o para mal viene obstaculizando las facultades de administración que tiene el Consejo de la Magistratura. Por eso, el cambio cultural de la Justicia, que es imprescindible, solo puede provocarlo la Corte.
Si quiere, puede hacerlo.
