Nadie en el gobierno pudo medir el notable impacto negativo que provocó la falta de quórum en diputados para la ley de Ficha Limpia. El gobierno siempre reivindica la batalla cultural, lo cual es bien recibido, dado que el kirchnerismo había cambiado nociones básicas de la sociedad.
La gente estaba harta de que unos delincuentes quisieran imponer normas para moldear la sociedad según sus imbéciles consignas. Esto coincide con lo que ocurre en muchos lugares del mundo, donde gobernantes levantaron la agenda woke y ahora ven cómo cuentan con el desprecio de la población.
Los gobiernos y opciones políticas mayoritarias están llegando al poder con discursos antiwoke y en contra de todo lo que les habían querido imponer a la fuerza.
El triunfo de Trump sobre un patético Partido Demócrata, completamente escorado hacia el wokismo y una izquierda insustancial, se inscribe en ese sentido.
Cuando los pensadores del gobierno creyeron que hacer caer la ley de Ficha Limpia no tendría consecuencias graves, pensando que a la gente solo le importa la economía, no vieron que hay una parte muy grande de la sociedad que apoya la batalla cultural.
La gran batalla cultural de mucha gente que votó a Milei es contra el mundo woke, pero, fundamentalmente, contra la idea delincuencial del peronismo. Mucha gente en Argentina piensa que, hace años, los peronistas se enriquecen y cuentan con una estructura que les garantiza la impunidad.
La clave del error la mostró Guillermo Francos, quien dijo que la sanción de la ley podría leerse como una “sensación de proscripción sobre CFK”. A él le parece mal y, a muchísimos argentinos (que nunca estuvieron en gestiones peronistas, como sí estuvo Francos), les parece, justamente, que los delincuentes deben estar en prisión y no como candidatos. Si quiere decir que los delincuentes condenados deben estar proscriptos, está haciendo una afirmación con la que millones de argentinos estamos de acuerdo.
Nos parecería mal que Robledo Puch fuera candidato y nos parece mal que CFK pueda serlo, porque ambos son delincuentes condenados. No entender ese fenómeno es no entender a una parte enorme de la Argentina que afirma que el PJ es una organización criminal y que, por decirlo de alguna manera, lo pasó muy mal durante todos los años de kirchnerismo.
Fueron años acumulados de soportar a delincuentes que usan la política para hacerse ricos y luego hablan de moral. La batalla cultural es, sobre todo, contra el peronismo. Y CFK es la máxima exponente de esa idea porque, además de corrupta, fue autoritaria. Cualquier forma de CFK que no sea con una pulsera electrónica en los tobillos les parecerá mal a millones de argentinos.
No queremos ver a CFK como ya vimos a Menem, envejeciendo con fueros en el Senado. Es mentira que la política se debe depurar sola o con el voto. La política no se depura sola, y el peronismo, en muchos lugares, podría presentar de candidato a Frankenstein, porque se han dedicado a armar estructuras feudales donde la gente tiene una relación de amo y esclavo con dirigentes que usan el dinero público y la represión como arma de dominación. Formosa es la prueba de eso, y el país está lleno de esa metodología.
El gobierno no debería tomar por tontos a millones de argentinos que vienen padeciendo, hace años, ese modelo y la decadencia argentina. Millones de esos argentinos votaron a este gobierno porque prometió ir “contra la casta”. Eso implicaba ir en contra de los delincuentes, y estos están, mayoritariamente, dentro del PJ.
Esta semana vimos a Alberto Fernández entrando a tribunales por corrupción. Alberto Fernández fue presidente gracias al apoyo de CFK y al decidido apoyo del establishment mediático y empresarial argentino, que respaldó a un corrupto en su vida pública y a un inmoral en su vida privada. Todos sabíamos, hace años, lo que era Fernández.
Massa no es molestado por el gobierno, y son incontables los delitos que cometió. Insaurralde dijo esta semana que todo el dinero que tiene (que le permitía hacer tours de lujo con prostitutas) es de su exmujer. Boudou cobraba jubilación de privilegio. El gobierno debe entender que la gente está furiosa con estos hechos.
Los ciudadanos van a aguantar el ajuste si ven que los corruptos lo pasan mal. Y es completamente justo que piensen así. “El que las hace, las paga”, dice el gobierno respecto a los delitos comunes, y está muy bien. Tiene que quedar muy claro que “el que las hace, las paga” también debe aplicarse a los políticos corruptos. Esa es la verdadera batalla cultural.
