Uno de los grandes palos en la rueda que presenta la economía argentina es, sin duda, la rebuscada y regresiva legislación laboral, dotada, a juicio de algunos, de los denominados “derechos adquiridos”, que se vitoreaban mientras el país se sumergía en la pobreza y la informalidad extremas.
Así, la empresaria rosarina y ahora diputada por Juntos por el Cambio, Verónica Razzini, presentó la semana pasada un proyecto de ley que busca modernizar la normativa que rige para el mercado laboral, bajo “las condiciones que existen en cualquier país normal, donde la gente puede contratar sin que sea un problema”, expresó.
“Llegó la hora de sincerarnos y que los grupos sindicales se llamen a la reflexión porque evidentemente el modelo que han planteado fracasó”, sostuvo Razzini en diálogo con ON24.
Concretamente, la ley promovida oficia como “espejo” de la reforma laboral presentada en el DNU, “ya que lamentablemente hasta el momento la Justicia no está acompañando”, recordó la diputada y consideró: “La fuerza de ley creo que da mayor potencia y previsibilidad a los empresarios”.
El proyecto de ley abarca tanto artículos de promoción del empleo registrado como también modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo. A su vez, aborda normativas vinculadas a las convenciones colectivas, a las asociaciones sindicales, al régimen de trabajo agrario y del viajante de comercio, al teletrabajo, al trabajo independientes, a los servicios esenciales y los bloqueos o extorsiones a empresas,
“Entendemos que son los cambios necesarios para que la economía interna pueda empezar a andar. Hay muchos proyectos de inversión, pero no hay reglas claras”, aseveró Razzini y agregó que en esta ley, “la clave son las pymes”, a quienes abogó por otorgarles beneficios y flexibilizaciones para que asuman menos riesgos a la hora de abrir las puertas. “Hay que empezar a premiar a la producción y no castigarla”, expresó.
De acuerdo con la diputada, el proyecto cuenta con el acompañamiento de la Cámara de Comercio y Servicios, lo “es muy importante”, resaltó, al tiempo que se encuentran en conversaciones con otras gremiales empresariales, de diferentes rubros, “porque todos coincidimos que éste es el cambio que necesitamos”, enfatizó.
ANTI BLOQUEOS
Dentro de la iniciativa, Razzini subrayó los puntos que se introducen en materia de penalización a quienes bloqueos y extorsiones sindicales a las empresas: “Será reprimido con tres a seis años de prisión quien impidiere, estorbare o entorpeciere el acceso a un comercio, industria o establecimiento de cualquier tipo con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio. Si la acción se desarrollara simultáneamente sobre diversos locales o sucursales del mismo comercio, industria o establecimiento, la pena será de cuatro a seis años de prisión”, señala el proyecto.
“La presión sindical es infernal; estamos teniendo cantidad de denuncias diarias con mucha extorsión y queremos lograr que esto se penalice como corresponde”, aseveró.
“Hace muchos años que en Argentina el Ministerio de Trabajo funcionaba como escribanía de los sindicatos. Hoy, hay un Estado que dice que el camino es con la ley en la mano y no apaña bloqueos”, afirmó y finalizó: “Los grupos sindicales han perdido la representación del trabajador”.
REDACCIÓN ON24
