Pandemia, aislamiento y el inevitable esfuerzo del Sector Público

Argentina, como tantos otros países, ha adoptado el confinamiento casi total para controlar la propagación del coronavirus. Solo algunas actividades han quedado exceptuadas a los fines que haya un abastecimiento mínimo de alimentos y medicamentos en la sociedad.

Esta decisión conlleva directamente tomar decisiones económicas que amortigüen en cierta medida los costos –hoy inconmensurables- de un detenimiento prácticamente total en la producción y generación de riqueza de país. Más aún en el nuestro, donde la pobreza trepa al 35,5% y la informalidad al 35,9%. 

Si bien algunas acciones en tal sentido ha llevado a cabo el gobierno, tales como el ingreso familiar de emergencia para contener a los grupos más vulnerables, prórroga de vencimientos de servicios, eximición de aportes para pocos sectores y créditos para pagar sueldos, las mismas son insuficientes, teniendo en cuenta la situación económica, signada hace años por una presión tributaria récord combinada con alta inflación y caída en el nivel de actividad.

Pero no sólo esto sino que, nada se ha propuesto en materia de gasto público, esto es, reducciones puntuales o reasignaciones de partidas con el fin de concentrar los recursos en las prioridades que se imponen durante la emergencia sanitaria. Vale recordar que el gasto público hoy es récord, en los últimos 15 años ha pasado de un 22,7% al 39% del PIB. Un crecimiento en torno al 72%.

Entonces, la pregunta que muchos nos hacemos en este momento es ¿no debería el sector público compartir los enormes costos del confinamiento? Muchas familias deben resignar días valiosos de trabajo y utilizar sus ahorros (si tienen) para sostenerse y, por el otro, las empresas deben seguir pagando impuestos y sueldos a pesar que muchas están facturando muy por debajo de su capacidad o ni siquiera lo están haciendo. 

En virtud de lo expuesto, a continuación, repasamos la división del Presupuesto Nacional 2020 por Ministerio y por programas, para indagar qué rubros de gastos podrían relegarse a favor de las necesidades de esta coyuntura.

El Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2020 se eleva a $4.924,6 MM, es decir unos U$S76.671,7 millones. Si se tiene en cuenta el gasto por jurisdicción, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con $2.063,4 MM es el de mayor relevancia (41,9% del gasto total). Le siguen los Servicios de la Deuda Pública con $970,5 MM (19,7%) y Obligaciones del Tesoro con $249,8 (5,1%). Es decir, que entre los 3 abarcan cerca del 70% de todo el Presupuesto.

Es de suma importancia remarcar que dicho presupuesto ha sufrido modificaciones y probablemente las mismas continúen. Esto se debe a que al aprobado para el ejercicio en cuestión fue elaborado durante la gestión anterior y la entrante decidió realizarse ciertos cambios. Entre las reformas planteadas se encuentran la recategorización de las secretarías de Cultura, Trabajo, Salud, Deporte, Transporte y Medioambiente en Ministerios. También se crearon nuevas jurisdicciones, como el Ministerios de Desarrollo Territorial y Hábitat y el de Mujeres, Géneros y Diversidad. 

Los cambios también incluyeron aumentos presupuestarios para ciertas jurisdicciones como la de Cultura, la cual pasó de un presupuesto inicial de $5.326,1 a $6.460,7 millones, es decir un incremento superior al 20%. Otro caso es el del ya mencionado Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, cuyo presupuesto se duplicó (de $272,7 a $545,5 millones). A su vez, el Ministerio de Salud, dada la delicada situación actual, aumentó su presupuesto un 23,5% (de $73.779,3 a $91.100,9 millones). Teniendo en cuenta todas las modificaciones presupuestarias realizadas, el presupuesto vigente, es 1,3% superior al del inicio del ejercicio. Sin embargo, como se mencionó más arriba, el mismo probablemente siga cambiando de acuerdo a las necesidades del gobierno nacional.

Gasto por Jurisdicción de la Administración Pública Nacional

Año 2020

Fuente: Fundación Libertad en base a información del Ministerio de Economía de la Nación.

Si bien los Ministerios de Salud, Seguridad y Defensa se encuentran entre las jurisdicciones de mayor presupuesto, representan un proporción baja respecto al gasto total (entre las 3 no superan el 9% de participación). Sin embargo, cabe recalcar que del gasto público total en salud (2,7% del PIB), dos terceras partes corresponden al efectuado por las provincias (1,8% del PIB). Le sigue Nación (0,5%  del PIB) y más atrás los municipios (0,4% del PIB). De esta manera, se puede afirmar que la salud pública es jurisdicción de las provincias principalmente. 

Más abajo en la tabla, nos encontramos con el Poder Judicial, el Legislativo en tanto que en los últimos lugares aparecen el Ministerio de Cultura, el de Turismo y Deportes, entre otros. A pesar que estos tienen una baja incidencia en el total gastado, en estos momentos de emergencia (sanitaria y económica) un ahorro de una parte de estos fondos podrían ser de gran utilidad. 

Teniendo en cuenta los gastos por jurisdicción y por programas, podrían considerarse reasignaciones  o reducciones de partidas con el objeto de priorizar el gasto en aquellas áreas que el Estado debe atender con mayor urgencia, tales como salud y seguridad o bien para asistir al sector privado ante el parate total de la economía.

Por ejemplo, dentro del Poder Legislativo, cuyo presupuesto asciende a $29.616, millones, se advierten ciertos programas que pueden ser considerados superfluos dada la coyuntura. Algunos de estos son: “Asistencia social integral al personal del congreso de la nación” con un monto de $1.795 millones, “Impresiones y publicaciones parlamentarias” por $773,1 millones y la “Asistencia bibliográfica” que demanda $2.653,4 millones, entre otros.  

El Poder Judicial es otra jurisdicción que podría realizar un ajuste. Cuenta con programas donde podrían efectuarse algunos recortes, como el de “Mandamientos y notificaciones”, cuyo presupuesto asciende a $1.088,4 millones o el de “Biblioteca y jurisprudencia”, al cual se le destinan $170,6 millones.

Por su parte, el Ministerio de Turismo y Deporte también posee programas cuyos montos podrían derivarse a otras áreas. “Promoción del turismo receptivo internacional” o el de “Promoción del deporte” con $1.357,6 y $1.365,8 millones respectivamente. Ambos en un contexto de confinamiento total se tornan poco relevantes.

Otro Ministerio en el cual se podría producir un re-direccionamiento de fondos es el de Cultura. Este presenta programas como “Fomento, producción y la difusión del teatro” con $601,3 millones, “Gestión de museos nacionales” $995,5 millones, “Fomento y apoyo económico a bibliotecas populares” con $173,3 millones, entre tantos otros, que al igual que los mencionados en los párrafos de arriba por la actualidad son de escasa relevancia. 

Presupuestos por Programas Seleccionados

Año 2020

Fuente: Fundación Libertad en base a información del Ministerio de Economía de la Nación.

El total del puñado de gastos seleccionados, arroja un gasto de $10.974 millones. Cifra que puede resultar insignificante teniendo en cuenta el presupuesto total de la Nación, pero que sin ninguna duda puede hacer una diferencia si se lo redirecciona. Por dar un ejemplo, ese monto equivale a 7,7 veces el presupuesto de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán ($1.421 millones).

Estos gastos resultan superfluos incluso, en un contexto sin pandemia. Según los resultados de la aplicación “Gastar o no gastar”, lanzada por Fundación Libertad en 2019 que le permite al usuario elegir si le parece adecuado “mantener” o “eliminar” una serie gastos públicos de diferente índole, mostró los siguientes resultados: los gastos en Seguridad fueron los de mayor aceptación (49,1% de aprobación), seguido por Tecnología y Ciencia (47,5%), Ambiente (40,3%) y Producción (39%). Los gastos en salud si bien tuvieron una aceptación del 32,5%, este número sería claramente más elevado en la situación actual.

APP Gastar o No Gastar

Nivel de Aceptación de los Gastos según su Categoría

Fuente: Fundación Libertad en base a los resultados de la aplicación “Gastar o no gastar”.

En el otro extremo de la tabla, se encuentran los gastos relacionados al funcionamiento del Estado, como el gasto político y sus medios de comunicación. También, con un bajo nivel de aprobación se encuentran las jurisdicciones de Cultura (16%), Turismo (18,7%) y Deporte (23,2%). Además, el nivel promedio de aceptación es de 30,7%, Es decir que los usuarios han elegido mantener tan solo de 3 de cada 10 erogaciones públicas. 

Los números anteriores son solo algunos ejemplos pero que alcanzan para mostrar que hay  margen – y mucho- para recortar gastos en pos de atender las necesidades del momento. Después de todo, si hay que mejorar el sistema de salud estatal para evitar su saturación, es el Estado el que tiene que optimizar ahora más que nunca sus recursos, habida cuenta que por años parece no haberlo hecho en la medida necesaria.

Por otro lado, para disminuir las presiones sobre el sector privado y también para contener la emisión monetaria, que en definitiva es la vía por la cual se financiará la mayor parte, es oportuno que la clase política tenga un gesto ante esta compleja situación y realice una reducción de sus sueldos. Un ejemplo de acciones en este sentido es Uruguay. La gestión de Luis Lacalle Pou ha determinado un recorte de hasta el 20% de los sueldos de funcionarios y empleados públicos con remuneraciones altas. También lo han hecho las provincias de Mendoza y Corrientes, donde los funcionarios públicos, exceptuando a los de seguridad y salud, no ganarán más de $50.000 al mes. Además muchas otras provincias y municipios están planeando tomar medidas similares.

Por otra parte, habría que pensar en una disminución de los sueldos del personal del sector público cuando los mismos sean superiores a una determinada cifra y asignar esos fondos a los recursos que necesita el sector privado, para no despedir personal o bien contribuir al sustento de aquellos que, por el confinamiento no pueden salir a trabajar y generar su ingreso.

Es el momento en el que el Estado esté a la altura de las circunstancias. Si se proponen medidas de aislamiento total, que impide a los agentes económicos trabajar y  producir, entonces, es indispensable que los costos de las mismas sean realizados por todas las partes. 

Fuente: Fundación Libertad, Fundación Internacional para la Libertad (FIL), Red Federal de Políticas Públicas.