“La Corte al hacer lugar a la queja ha frenado la «entrega» de una de las pocas empresas con una actividad estratégica a manos indebidas. Revisará un fallo vergonzoso de la Cámara de Apelaciones de Reconquista y permitirá rescatar de una sarta de malandras lo que queda de Vicentin”, sintetizó el abogado penalista Gustavo Feldman. Así consideró el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que este martes admitió un “recurso directo” de acreedores del grupo agroexportador, lo que dejó invalidada la propuesta de pago que había acordado la firma, endeudada en más de 1.500 millones de dólares, que le había habilitado la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista. “Si quedara viva la resolución de la Mesa judicial de Reconquista sería instituir judicialmente una segunda megaestafa”, advirtió además el letrado, autor del libro “Nunca fuimos Vicentin” y querellante en dentro del entramado judicial que atraviesa el grupo originario de Avellaneda, en el departamento General Obligado.
Por mayoría de votos, el máximo tribunal de Santa Fe emitió un fallo que deja sin efecto la resolución del tribunal de alzada de Reconquista, que en marzo de este año habilitó a la cerealrea a avanzar con la propuesta de pago de su deuda en default, para la que había logrado la venia de la mayoría de sus acreedores.
“Admitir la queja interpuesta y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad. Disponer que por Presidencia se ordene la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponda”, dice la resolución del máximo tribunal. Esto implica que ahora la Corte vuelve a tomar en sus manos el derrotero de la convocatoria de Vicentin, y será el propio tribunal el que falle sobre el asunto, para lo que no tiene plazos.
La resolución la firmaron todos los interantes de la Corte –Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Mario Netri, Daniel Erbetta– a excepción de la ministra María Angélica Gastaldi, que emitió una resolución en disidencia.
El máximo tribunal respondió así a una presentación de Commodities SA –división del Grupo Grassi– para que se declare inconstitucional el acuerdo de Vicentin y una parte de sus acreedores, alegando que el fallo que lo convalidó evidencia “arbitrariedad normativa” y “restricción de derechos y garantías constitucionales”.
La propuesta de pago consistía en un pago a los acreedores privilegiados (quirografarios) de 30 mil dólares a todos por igual y luego pagos por un plazo de 12 años con montos “sujetos a eventuales contingencias”. La firma litigante observó que un sector de acreedores “conseguirían la satisfacción de la totalidad de sus créditos en un único pago”, mientras que otros “padecerían una quita sustancial”, percibiendo “en cuotas en muchos casos no más del 15%”, lo que viola el principio de “par conditio creditorum”, que “impone que los acreedores participen de manera igualitaria de la distribución de las pérdidas”.
En su recurso de queja, Commodities dejó constancia de que junto a otros 424 acreedores “cobrarían mucho menos del 40% de sus créditos” y un conjunto de la firma y 157 acreedores, percibiría “únicamente el 19,55% bruto de su acreencia verificada (en doce años), implicando ello una quita de más del 80% de su crédito”, vulnerando así el principio expuesto y también “el derecho a la propiedad”.
En contraposición, el recurso al que dio cabida la corte, presentado por la división del Grupo Grassi, insiste en una propuesta de cramdown, que implica un salvataje de Vicentin a partir de la integración de acreedores (entre ellos sus propios trabajadores organizados de forma cooperativa) y a terceros interesados lo que permitiría una recomposición patrimonial. Se evitaría así –dice el recurso de Commodites mencionado en la resolución de la Corte Suprema– un “escenario de quiebra indirecta por incumplimiento del acuerdo”, y la consecuente liquidación “de todos los activos productivos de propiedad de Vicentin SAIC a un valor que resultaría sin duda alguna irrisorio para instalaciones industriales y portuarias de semejante envergadura”.
Con todo, también celebró la resolución del máximo tribunal el diputado provincial Carlos del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, quien integra la “Comisión de Información y Seguimiento de las Causas Judiciales en Razón del Concurso de la Empresa Vicentín SA” de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia. “La medida es muy importante porque descarta el apuro que tenían distintos sectores políticos en consagrar la impunidad de los que fugaron 741 millones de dólares, endeudaron a la principal exportadora argentina en más de 1.600 millones de dólares y lograron la extranjerización del comercio exterior de granos. La lucha continúa por la defensa de las fuentes laborales, la recuperación del dinero fugado y el control del comercio exterior a favor del pueblo argentino. Como también por el juicio contra los delincuentes de guante blanco”, sostuvo Del Frade.
