En el marco de la marcha federal piquetera que atravesó distintas provincias del país para culminar hoy mediante un acto en Plaza de Mayo, desde Rosario el concejal de Juntos por el Cambio, Charly Cardozo, renovó su pedido para quitarles el manejo de los planes sociales a los cabecillas piqueteros. “Son gerentes de la pobreza que usan a las personas para extorsionar al Estado”, sostuvo.
En ese sentido el concejal manifestó: “debemos crear trabajo real, no esta farsa que ya lleva 22 años y que ha sumido a millones de argentinos en la pobreza y en la sumisión a los aparatos políticos del kirchnerismo y las distintas izquierdas”.
“Los planes asistenciales que hoy manejan los piqueteros tienen que transformarse en programas de ingreso al trabajo que primero administren los municipios y comunas y que después sean la entrada de gente capacitada al sector privado”, aclaró Cardozo sobre su mirada en cuanto a la asistencia social.
No obstante, siguió: “Los argentinos no merecemos vivir envueltos en el juego extorsivo entre un Estado inútil y las organizaciones que se aprovechan de la debilidad de estas familias para continuar con su accionar”. “Insistiremos hasta el cansancio con nuestro proyecto para retirar planes sociales y multar severamente a todo aquel organice un corte de calle”, sostuvo.
El edil también destacó que su iniciativa a nivel local “tiene como principal fundamento sancionar a quienes mientras reciben alguna prestación económica por parte del municipio, cometan contravenciones o delitos en ocasión de manifestaciones públicas”.
La ordenanza en cuestión puntualmente reza: “En los casos en que el autor de la mala conducta cometida en ocasión de manifestaciones públicas y/o personas jurídicas a la que pertenezca reciba una prestación económica por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, la misma será suspendida”.
También para lograr alcance nacional requerido, se le solicita al Ejecutivo municipal que luego de cada uno de los incidentes le informe de las mismas al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe y al Ministerio de Desarrollo Social de Nación, por medio fehaciente y documentado y que les exija la “suspensión de los beneficios que perciban del ámbito provincial o nacional”.
