El objetivo de la iniciativa es no solo proteger el patrimonio estatal y privado, sino también fomentar manifestaciones responsables y pacíficas.
Romina Diez, líder de La Libertad Avanza (LLA) en Santa Fe y cercana a Karina Milei, secretaria de la presidencia, afirmó: “El gobierno de Javier Milei no solo está ordenando las cuentas públicas y estabilizando la economía, también está recuperando el control de las calles y el orden público, algo que los argentinos de bien reclamaban. Deja claro que no se cederá ante mafias y actos violentos”.
Por su parte, Gabriel Chumpitaz, referente de Rosario, expresó: “Los bienes públicos pertenecen a todos los argentinos y debemos protegerlos de la violencia y el vandalismo. Este proyecto no afecta los derechos de los trabajadores ni la protesta legítima, pero sí va contra aquellos que, bajo la protección de un gremio, destruyen lo que es de todos. No podemos permitir que las manifestaciones se desvirtúen y se conviertan en actos de violencia que dañan el patrimonio común”.
El proyecto, respaldado por miembros tanto de LLA como del PRO, entre ellos Martín Yeza, María Eugenia Vidal, Damián Arabia, Silvana Giudici, Alejandro Finocchiaro, María Emilia Orozco y Verónica Razzini, establece que cualquier gremio o asociación sindical que promueva, participe o tolere la destrucción de bienes perderá automáticamente su personería jurídica. Esto implica la pérdida de su reconocimiento legal y, con ello, los derechos y privilegios que les permiten representar a los trabajadores.
Los legisladores subrayaron: “Un gremio que actúa como una barra brava debe perder su personería jurídica. No podemos permitir que la violencia quede impune, debemos sancionar donde más les duele. Las organizaciones sindicales deben asumir la responsabilidad por sus acciones, y aquellos que promuevan la violencia deben enfrentarse a las consecuencias, tanto individual como colectivamente. La protesta es un derecho, pero el vandalismo no lo es. Esta ley es una herramienta crucial para frenar conductas que afectan gravemente a toda la sociedad”.
Finalmente, los diputados aclararon que el espíritu de la propuesta no es restringir la protesta sindical, sino asegurar que se realice de manera pacífica y respetuosa, sin dañar el patrimonio nacional ni el de los ciudadanos. “Este proyecto es clave para detener el sindicalismo violento que, bajo la excusa de defender causas justas, destruye bienes públicos e incita a la violencia. Es hora de frenar estos excesos y proteger el bienestar y los derechos de todos los argentinos”, concluyó Chumpitaz.
