El Índice de Desempeño Provincial (IDP), es un estudio elaborado por la Fundación
Libertad de Rosario desde el año 2005. En el mismo se mide la libertad económica en las
provincias argentinas a partir de tres áreas de estudio: tamaño del sector público,
financiamiento del sector público y empleo público provincial. A medida que la intromisión
del Estado es mayor, esto implica un menor desempeño de la provincia y un menor
puntaje que se adjudica a cada una de ellas.
La provincia de Formosa es la jurisdicción de peor puntuación desde que se realiza el IDP.
Dentro de una escala que va del 0 al 10, la misma promedió para el período 2005-2019
(último año en que se realizó el IDP) un puntaje de tan solo 2,26, muy por debajo del
promedio general (5,66). Esta jurisdicción siempre estuvo tipificada como una economía
de nivel de Desempeño Muy Bajo, dentro de las categorías que contempla el IDP, y en
todas las ediciones del mismo se ubicó en el último lugar del ranking (puesto 24).
El bajo rendimiento de la provincia norteña se justifica principalmente en el gran tamaño
del gobierno provincial, su alta dependencia de los recursos nacionales y la elevada
proporción de empleados públicos que posee.
Respecto al primer punto, un indicador que demuestra el peso que tiene el sector público
provincial en la economía formoseña, es el que mide al gasto corriente respecto al
Producto Geográfico Provincial (PBG). Para el año 2019, las erogaciones corrientes del
gobierno de Formosa representaron más del 41% de su PBG, cifra significativamente
mayor que el promedio provincial para el mismo año (19,8%). El valor promedio en esta
variable en toda la serie del IDP es de 36,4% para Formosa, más que duplicando la media
provincial (17,1%).
El elevado peso que tiene el sector público provincial en la economía formoseña se
combina con una considerable dependencia de recursos de origen nacional. Este hecho
queda reflejado en la ínfima participación que tiene la recaudación propia de Formosa en
el total de sus ingresos corrientes. La misma, representó para el 2019 tan solo el 7,3% del
total de este tipo de recursos, mientras que el promedio provincial arrojó un guarismo de
24,3%, más que el triple que la provincia del norte del país. Por su parte, el promedio para
Formosa entre los años 2005 y 2019 es de 5,9%, muy inferior al promedio general para los
mismos años (22,1%). En otras palabras, en los últimos 15 años de cada 100 pesos de
recursos corrientes que ingresaron a las arcas públicas de aquella provincia, el gobierno
formoseño tan solo recaudó 6.
A estos desfasajes entre gastos e ingresos se le debe agregar también la elevada planta
de personal público provincial que posee Formosa. La misma, a través del gasto en
personal, explica en buena medida el grueso del gasto corriente provincial formoseño.
Para el año 2019, el 19 de cada 100 personas ocupadas en la provincia de Formosa
trabajan para la administración pública provincial. Esta cifra se encuentra por encima del
promedio provincial (17,1%). Si bien no se encuentra entre las primeras en este indicador,
el porcentaje no es menor y adquiere relevancia cuando se lo considera en conjunto con
las remuneraciones percibidas en el sector público formoseño. El indicador del IDP que
mide salario medio del sector estatal provincial como proporción del PBG per cápita arroja
que Formosa con un 29%, encabeza el ranking del 2019. Dicho guarismo se encuentra
considerablemente por encima del promedio general (13,6%).
La serie del IDP muestra que Formosa es la jurisdicción con menor libertad económica de
los últimos 15 años. Estos datos contrastan justamente con que esta provincia es una de
las más pobres del país con el 42% de las personas bajo la línea de pobreza (primer
semestre de 2020).
El reclamo de la ciudadanía por un ambiente propicio para trabajar, invertir y desarrollar su
actividad está en consonancia con los datos que Fundación Libertad viene relevando hace
más de un década. Es hora que los hacedores de política económica tomen consciencia
de la necesidad imperiosa de efectuar una reforma integral y profunda del Estado, que en
vez de obstaculizar la acción privada la promueva. Sabemos que solo a partir de ello se
podrá alcanzar el tan deseado crecimiento sostenido y reducir la pobreza.
