La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto a la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), solicitaron a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) de la Capital Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) la modificación de la tasa de interés por la que se actualizan reclamos laborales. “Nosotros entendemos desmedido este intento concretado de modificar la ley de trabajo en forma indirecta, aplicando tasas que no tienen nada que ver con las del mercado”, manifestó Ricardo Diab, secretario general de CAME y presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, ante ON24.
Este acta de la CNAT varió el criterio de actualización de los créditos laborales, resolviendo aplicar la capitalización anual sobre las tasas de interés establecidas en actas anteriores, generando de ese modo una nueva distorsión y el malestar de los empleadores. “Estamos hablando de un 192%, por el cual nos vemos altamente perjudicados ante esa situación. Es un elemento más que impide a aquel que quiere tomar un personal, porque sabe que, en cualquier situación, si tiene que llegar a un despido, le sale negativo y va a terminar pagando tasas exorbitantes al final del juicio”, sentenció el referente empresario.
Las entidades apuntaron a la tasa establecida por el Acta 2764/22 y reclamaron que se reemplace por una que “incorpore parámetros de mayor razonabilidad”, según señalaron en un comunicado de prensa.
“Estamos pidiendo volver al estadio original que tenía la ley de contrato de trabajo. La aplicación de los de las tasas normales y con esta modificación hablamos de generar intereses sobre intereses”, remarcó Diab.
En su explicación, el dirigente de CAME, destacó que el pedido no está “pesado para quitarle derechos a los trabajadores de ninguna manera. Sí queremos reacomodar y tener cierta previsibilidad a la hora de desvincularse del personal, por el motivo que fuera”.
En esta línea, recalcó: “No puede fundir a una empresa, ponerla contra las cuerdas, un personal que trabajó tres meses, un año, seis meses, o lo que fuera. Se termina con cifras enormes que el empresario pequeño no puede absorber. El que está pensando o necesita o quiere emprender algo, piensa hacerlo familiarmente sin pensar en un personal, porque le teme a todo esto. Entonces, creo que tenemos que hacerle más fácil la vida al empleador que es el que genera, sin quitarle derecho al trabajador”.
Diab, continuando esta idea, apostó por “aggiornar” la ley de trabajo actual, pero -reiteró- “no queremos quitarle derecho al trabajador”: “Ha cambiado la modalidad de trabajo, hasta la pandemia lo cambió. Hoy hay gente que trabaja, home-office, por ejemplo, hay miles de cuestiones que no estaban muy previstas dentro del sistema. Tenemos que tener otra elasticidad, y el contrato de trabajo la debe tener. Se necesita la tranquilidad que la empresa no corre peligro a la hora de tomar personal”.
“Nadie toma un personal para echarlo -añadió y concluyó-, sin embargo, hay circunstancias. ¿Qué voy a perder toda la empresa? Los pocos que quedan trabajando también se van sin la empresa, porque hacés un juicio y el Estado te permite que me cobren intereses de intereses. Me parece que no, tampoco es razonable que el trabajador se vaya con nada. Pero todo en su justa medida”.
