El gobierno acelera el proceso de privatización de la hidrovía

El Gobierno habilita a la Subsecretaría de Puertos a licitar tanto la administración, como tareas de ampliación y mejora, dragado y mantenimiento

El gobierno nacional inició el camino para la reprivatización de la hidrovía, disolviendo el ente estatal de contralor (ECOVINA) que funcionaba desde el 2021. El segundo paso trascendental fue dado hoy por el Ministerio de Economía delegando en la Subsecretaría de Puertos el control de la gestión y armar el proceso para que pase a manos privadas. De esta manera, la Subsecretaría de Puertos está habilitada a licitar tanto la administración, como tareas de ampliación y mejora, dragado y mantenimiento.

La herramienta de la Ley Bases fue clave a la hora de facultar al ejecutivo nacional para instruir al área de Puertos, dependiente de la Secretaría de Transporte, a que encabece el proceso de llamado de licitación nacional e internacional para concesionar, de manera total o por tramos, esa vía navegable.

En los considerandos de la resolución se remarca que el proceso licitatorio, establecido cuando se nacionalizó hace tres años la Hidrovía no tuvo avances y se puntualiza que “las circunstancias actuales ameritan la revisión y simplificación del objeto del contrato de concesión, con el fin de posibilitar la inmediata ejecución de las obras de mejoras requeridas para el eficiente funcionamiento de la infraestructura referida, la optimización de su uso, el aprovechamiento de las capacidades de carga de los buques y el alcance de las profundidades requeridas por los usuarios en sus distintos tramos”.

“Resulta necesario asegurar la regularidad, continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios comprendidos, con el firme propósito de llevar adelante la postergada licitación pública y, en consecuencia, adjudicar la concesión de los servicios de la Vía Navegable Troncal, a largo plazo, a empresas y actores del sector privado”, enfatiza la norma.

Por eso, Economía delega en la Subsecretaría de Puertos la facultad de efectuar el llamado y adjudicación de la licitación pública nacional e internacional por el régimen de concesión de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná (Confluencia), hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–océano Atlántico.

La hidrovía involucra 5 países en una extensión total de 3442 kilómetros. La resolución establece, además, que la estatal Administración General de Puertos (AGP), a cargo de la concesión desde 2021 de la hidrovía, “deberá mantener el actual nivel de prestación de servicio, pudiendo para ello continuar percibiendo el peaje correspondiente, hasta tanto tome posesión quien o quienes resulten adjudicatarios de la licitación pública”.

La decisión de eliminar el Ecovina se sustentó en el inciso b) del artículo 3° de la Ley 27.742, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disolver órganos de la administración central o descentralizada.

Según los considerandos del decreto, el ente no logró un funcionamiento normal o regular, ni cumplió efectivamente las misiones y funciones que le fueron asignadas, por lo que no alcanzó los objetivos propuestos.

El gobierno argumentó que la medida es parte de un plan más amplio para reducir el gasto público, alineado con los recortes prometidos por el presidente Javier Milei durante su campaña.

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