Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la deuda del Estado Nacional con Santa Fe asciende a $60 millones. Se trata de la suma que debería desembolsar para subsanar la detracción de recursos coparticipables que fue declarada ilegal por la Corte Suprema a fines de 2015.
El tema volvió a la escena luego de que el Tribunal anunciara a principios de esta semana un fallo a favor de San Luis por el mismo tema pero con una cifra menor ($15 mil millones), utilizando una fórmula de actualización que considera los intereses acumulados desde 2010. Si el cálculo de la actualización de las resignaciones de Santa Fe se efectuase de manera similar al de San Luis, se estima que el monto alcanzaría el equivalente a casi $60.000 millones de pesos (0,33% del PIB).
En el caso santafesino, es una cifra que equivale al 45% de la coparticipación que se espera recibir desde la nación este año, o bien a aproximadamente una vez y media el gasto de capital presupuestado para 2019 ($42.577 millones) o también al 61% del gasto en personal presupuestado para 2019 en la provincia ($98.236 millones).
