Hoy por la mañana se presentó en el Palacio de los Leones el proyecto de ordenanza antilavado. El intendente Pablo Javkin encabezó una conferencia de prensa en la que explicó algunos de los pormenores de la iniciativa para el control económico y financiero de inversiones, el cual fue firmado en ese mismo momento y ya se elevó al Concejo municipal de Rosario.
Según explicó el mandatario local, la idea fundamental del proyecto es “configurar una alerta frente algunas actuaciones sospechosas”. Javkin explicó que el alcance de este sistema abarcará “determinados rubros y con determinados montos, y a partir de que el municipio modernizó su perfil digital”.
En este sentido, el proyecto amplía la cantidad de rubros que se controla actualmente a través de una ordenanza anterior, la información y documentación a presentar. De este modo, se conformará una Unidad de Control que evaluará los casos y elevará la información a los organismos pertinentes.
Acerca del proceder de esta unidad, Javkin precisó: “La idea es, sobre determinados rubros y montos configurar una alerta acerca de situaciones sospechosas, por ejemplo, si hay muchos trámites de habilitación sobre un mismo lugar, si hay muchas transferencias o si la actividad cambia sus socios”.
Profundizando más, aclaró: “El municipio no sabe cómo se paga un auto, pero sí sabe si en el lugar de la transacción se habilitaron varias concesionarias o si pertenece a una empresa que no tiene antecedentes en el rubro. Esto es importante para que no pongamos en sospecha las actividades de empresas de 50 años y para que estemos atentos a personas que no participan de estas actividades”.
Los rubros que serían alcanzados por la nueva ordenanza, en caso de aprobarse, serían: Venta de vehículos y motos; Comercios de armerías; Casas de juegos, apuestas o casinos; Loterías (cuando en el plan de inversiones del proyecto sea mayor a $7.3 millones, que será actualizado por inflación); Hoteles, hostels y alojamientos transitorios; Restaurantes, bares, confiterías bailables, bares con amenización musical y todos los rubros de la ordenanza de nocturnidad (cuando en el plan de inversiones del proyecto sea mayor a $7.3 millones, también ajustable por inflación); Playas de estacionamiento y cocheras; Guarderías náuticas; Concesiones públicas de obras y servicios; Construcción nueva, ampliación y/o reforma de inmuebles de más de 500 m2; Adquisición o tenencia de más de 2 (dos) licencias de explotación de taxis y/o de remises.
En cuanto a la información que obtendría el organismo, sería la identificación de personas físicas o jurídicas, la constancia de inscripción impositiva ante los organismos fiscales nacionales y provinciales, declaración jurada sobre personas políticamente expuestas, plan de inversiones del proyecto a realizar detallando la correlación entre el presupuesto de gastos y la inversión, declaración jurada de origen y licitud de los fondos a invertir.
La autoridad de aplicación será la encargada de recibir y procesar los reportes de alertas sospechosas generados y evaluará en cada caso la pertinencia de proceder a su informe ante la unidad de Control Económico Financiero (UIF) o el organismo pertinente en la materia. Estará compuesta por una Unidad de Control, integrada por un representante de la Secretaría de Hacienda y Economía, un representante de la Secretaría de Gobierno, un representante de la Secretaría de Modernización y Cercanía y un miembro del Tribunal Municipal de Cuentas.
“Con este sistema se pone a disposición información ordenada, digitalizada sistematizada para que la Justicia, la UIF y la Policía actúen y el Servicio Penitenciario accione sobre las operaciones desde cárceles. Por este motivo, es un avance en el trabajo coordinado con los demás niveles del Estado y el Poder Judicial para detener las economías delictivas”, detallaron desde el municipio.
POR REDACCIÓN ON24
