Durante la reunión de Labor Parlamentaria sostenida ayer en el Concejo Municipal de Rosario, los presidentes de bloque debatieron un decreto del concejal Mariano Romero, de Justicia Social, acerca de la publicidad en la vía pública de la empresa Uber. La iniciativa del edil tiene por finalidad solicitar al municipio iniciar “acciones legales o administrativas” tendientes a evitar que la compañía emita este tipo de avisos.
La decisión de llevar el tema a Labor Parlamentaria se produce por la opinión dividida de los ediles. El edil oficialista Mariano Roca, de Arriba Rosario acordó con la posibilidad de que el Departamento Ejecutivo evalúe la cuestión legal de fondo, aspecto que “no se ha podido dilucidar hasta el momento”, con voces y posiciones a favor y otras en contra.
Por su parte, la concejala Anahí Schibelbein, de la bancada Radical había solicitado la recaratulación del expediente al comienzo del tratamiento ya que advirtió que el mismo no contiene a la comisión de Gobierno.
Coincidió por este aspecto la titular de la comisión de Servicios Públicos, Verónica Irizar de la bancada Socialista. Asimismo, su compañera de bloque, la edila Alicia Pino acordó con la necesidad de que se expida el departamento de Legales y Técnica, que a su entender “trasciende el tema específico de la empresa Uber”.
Por otro lado, Carlos Cardozo, edil de PRO, se mostró en contra de la iniciativa: “No acompaño. De alguna manera, no deja de ser una toma de posición con respecto al fondo del asunto. Tenemos una posición de mayor apertura de lo que tenemos actualmente”. Luego, agregó: “Hoy tenemos un registro abierto y hay cierta expectativa, a mí me parece que queda bastante contradictorio. Me parece una forma bastante hostil”.
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Recientemente, el concejal había dialogado con este medio acerca de las aplicaciones de transporte: “Desde el bloque PRO presentamos las primeras iniciativas para legalizar las aplicaciones, como haber sacado este año la obligatoriedad del radiotaxi, que era un sistema que ya no daba para más, y obligar a los remises y taxis del sistema legal a tener al menos una aplicación. Nosotros aspiramos a que las aplicaciones importantes vengan a Rosario para sumarse, en principio, a la flota legal y luego ver cómo seguimos discutiendo el tema”.
Luego, concluía: “El modelo que mejor funciona en el país es el de Mendoza, con una ley provincial paraguas y, luego, cada municipio va adhiriendo y adecuando su normativa a la ley provincial. No sé si tenemos la situación de debate en la legislatura provincial como para sacar una ley, pero queremos avanzar con una normativa local para abrir la posibilidad de que las aplicaciones tengan más lugar en Rosario”
El caso de Santa Fe
Cabe destacar que recientemente la ciudad de Santa Fe reglamentó la regulación de las aplicaciones de transporte como Uber y Maxim. De acuerdo con la normativa, tienen la obligación de inscribirse en un registro municipal y designar un representante con residencia en la ciudad. Además, tienen la obligación de informar datos de conductores y pasajeros, garantizar el cumplimiento legal y liquidar impuestos.
En cuanto a los conductores, deben contar con licencia profesional, seguros y registro del vehículo.
Por otro lado, los precios deben ser visibles antes de la concertación del viaje y la plataforma debe aceptar pagos electrónicos y en efectivo. También se promueve la accesibilidad en los vehículos y la opción de elegir el género del conductor.
Por último, establece la creación de un fondo de movilidad, con el cobro de un 1% a las empresas. Asimismo, se establece que los taxistas y remiseros puedan trabajar al mismo tiempo con hasta tres aplicaciones.
