Ante los numerosos hechos de inseguridad y violencia, los rosarinos, de cualquier zona o barrio piden mayor participación de toda la clase política, que se involucren en el tema de la delincuencia, del narcotráfico, tenga injerencia directa o no la tenga. Especialmente al intendente y concejales, además por supuesto de las autoridades provinciales desde el gobernador hacia abajo; aunque les queda jurisdiccionalmente más “lejos” a los representantes de la ciudad.
En la Comisión de Gobierno del Concejo Deliberante, esta semana, estuvieron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. En diálogo con Marcelo Fernández, en CNN Radio Rosario, el edil de Juntos por el Cambio, Martín Rosúa, brindó su percepción de la visita de los letrados.
En materia de inseguridad y delincuencia se avanzó poco y nada; claramente se le fue de las manos al control estatal, aseguró Rosúa.
“Hace 20 días fui a ver el Sistema de Control que tiene la ciudad de Buenos Aires con una inversión tecnológica muy grande, lo que hizo disminuir la cantidad de delitos exponencialmente. Mientras en Rosario nos acercamos a los 20 homicidios cada 100 mil habitantes, en Buenos Aires están en 3 por cada 100 mil habitantes, allí nos podemos dar cuenta que no tiene que ver con estigmatizar a la ciudad, sino que hay condiciones particulares, con una crisis social tremenda”, relató el concejal.
Estas condiciones sociales actuales, hacen que se modifiquen las ordenanzas para legislar de forma distinta a lo que lo hicimos históricamente. Las instituciones del Estado son dinámicas, antes se ocupaban de alumbrado, barrido y limpieza y ahora volvieron a asumir determinadas funciones. La realidad social que tiene la ciudad de Rosario y este crisis de violencia urbana, generada, provocadas o condicionadas, por las organizaciones que tienen sus fines de lucro o una actividad económica ilícita, tienen que estar perseguidas dentro del Municipio, con toda la información que dispone.
A pesar del oscuro panorama, Rosúa manifestó ser optimista porque lo que antes era muy difícil de tratar en el Concejo, hoy se están produciendo consensos muy amplios. Hay dos miradas muy diferentes, la del Ejecutivo, que está enfocada hacia el control formal de las inversiones, lo que significa que en determinados rubros, si una persona viene a realizar una inversión en Rosario, debe realizar una declaración jurada de dónde saca esos fondos. Es decir, un mero control de lo que se va a invertir en el futuro.
Desde Juntos por el Cambio, tienen una posición más compleja, pero hoy, está teniendo cierto éxito parlamentario. Esas inversiones actuales; no alcanza con una declaración jurada o un mero alerta. De hecho desde 2016 hasta la fecha no se produjo ningún caso efectivo, ninguna denuncia en que se haya realizado y por lo tanto no hubo ninguna sentencia. Ese sistema no funciona.
Entonces, no mirar solamente las nuevas inversiones, sino, utilizar toda la información que el municipio dispone, que es muchísima, sobre bienes registrables automotores o inmuebles, sobre la actividad económica de las personas; y a la vez, se planteó en la reunión con los fiscales, establecer un acuerdo con el MPA (Ministerio Público de la Acusación) para tener un universo de personas que estén vinculadas a las causas de criminalidad. La intención es poder armar un “triángulo” que se puede ver en cualquiera de las noticias resonantes cada vez que hay un homicidio, que hay una persona que tiene bienes, que no tiene actividad económica, y que tiene relación a causas de narcocriminalidad, y si se cuenta con toda la información, hay que evitar que el delito suceda, atacando por la figura del lado de activos, construir todas las pruebas con la información que el Municipio tiene y acercársela al MPA para que pueda activar la acción penal.
“Los fiscales estuvieron absolutamente de acuerdo con lo planteado, que es bastante innovador y podría tener ciertos cuestionamientos, pero se prometió avanzar en ese sentido y complementarlo con la figura que plantea el Ejecutivo del control formal de las inversiones”, finalizó el concejal Rosúa.
Es un comienzo para buscar soluciones como una iniciativa, aun cuando jurisdiccionalmente quede lejos, pero también falta un movimiento político para presionar, y exigir que todos los organismos del estado que tendrían que estar haciendo un trabajo parecido velando por que no pasen cosas raras, funcionen bien.
Si el Estado no va a actuar en ninguna de las funciones que tienen que ver con la prevención del delito, no habrá salida. Haría falta un cimbronazo político. Aunque ya un paso importante es reconocer que las instancias anteriores fracasaron.
Hoy Argentina tiene 30 casos en todo el país de instancias judiciales por lavados de activos. Nada. La UIF (Unidad de Información Financiera) funciona poco y nada, Afip menos que menos, y solo se dedica a perseguir evasión tributaria y los Tribunales Federales tienen una estructura mínima. Los reclamos políticos hay que hacerlos. Se han pedido nombramientos de jueces y fiscales de manera urgente, solo que la estructura federal que investiga todo el narcotráfico tiene una estructura de hace 50 años. El concejal Rosúa presenta una vez por mes, el pedido de que se cumpla con la Ley de Ejecución penal, no puede ser que el 90% de los delitos se digiten desde las cárceles por los jefes de las organizaciones criminales. Pero este es un reclamo de un sector político, no de todo el arco político. No queda otra que avanzar a través de los medios que se puedan crear para ayudar a perseguir a quienes estén cometiendo esos delitos y que se están beneficiando económicamente con toda esta situación.
