#Rio02016. Con los Juegos adentrándose a su recta final, en Brasil comienza a coger fuerza una corriente crítica que ya en su momento acaparó la atención mediática en el país sudamericano pero que ahora vuelve a la actualidad: la polémica de las exenciones fiscales que el gobierno brasileño tuvo que conceder a los patrocinadores olímpicos.
El 01 de enero de 2013 entraba en vigor en suelo brasileño la polémica Ley 12780, una normativa que aprobaba que los patrocinadores oficiales de los Juegos Olímpicos de Rio, firmas como McDonald’s, VISA oCoca-Cola, no pagaran ni un solo dolar en concepto de impuestos por todas aquellas actividades, acciones y estrategias puestas en marcha en suelo brasileño y vinculadas a los Juegos.
La exención tributaria abarcaba incluso donaciones o impuestos a pagar en importaciones, siempre y cuando, como decimos, dichas firmas pudieran demostrar que formaban parte de su estrategia con los Juegos de Río. La norma generó polémica ya desde el mismo momento de su aprobación, pero su entrada en vigor agudizó las críticas sobre la misma, una normativa que además se extenderá durante otro año más, hasta el 31 de diciembre de 2017.
1.000 millones de dólares
Para muchos, un esfuerzo necesario para lograr traer un evento, los Juegos Olímpicos, capaz de mover y generar millones de dólares. Sin embargo, para la inmensa mayoría de brasileños, una renuncia de difícil explicación más ahora con la situación por la que atraviesa la economía brasileña.
Perdida en el horizonte ya la época de bondad económica que dominaba Brasil en el momento de concesión de los Juegos, el hecho de tener una economía en la actualidad en recesión, con un gobierno implantado un programa de austeridad fiscal y con casi 40 millones de personas en situación de extrema pobreza, el renunciar a más de 1.000 millones de dólares en aplicación de dicha norma no es algo de fácil comprensión para la sociedad brasileña.
No es una imposición exclusiva del Comité Olímpico Internacional al país organizador. Quizás muy pocos sepan que en el año 2014, con la celebración del Mundial de Fútbol, la FIFA impuso una norma similar a las autoridades brasileñas por la que se fueron casi 600 millones de dólares en concepto de imposición fiscal. En definitiva, más de 1.500 millones de dólares en dos eventos de importante repercusión a nivel mundial pero que suponen un privilegio que una economía y una sociedad como la brasileña, en el momento actual, no se puede permitir.
La crudeza de los otros Juegos comienza a aparecer con toda su dura realidad ahora que los oficiales llegan a su fin. Los sponsors no pagan impuestos.
