El último día de mayo, el gobierno nacional presentó los criterios y lineamientos para avanzar con la obra pública en el país. Así se conformó que Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) defina el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) para el período 2025 – 2027. El decreto lleva la firma de José Rolandi, Secretario Ejecutivo de Gobierno ad honorem y Director Titular de YPF S.A., y Carlos Jorge Guberman, el rosarino secretario de Hacienda.
El SNIP, que cumple 30 años de funcionamiento, tiene como rol “establecer y elaborar sobre la base de las políticas nacionales y sectoriales y según criterios generales e internacionalmente aceptados, las metodologías, precios de cuenta, indicadores pertinentes y criterios de decisión a utilizar en la formulación y evaluación de los programas y proyectos de inversión pública”.
En 2022, Alberto Fernández decidió que esté bajo el ala de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que actualmente maneja Guillermo Francos, uno de los funcionarios más cercanos a las provincias.
El PNIP está atado a la Ley de Presupuestos Plurianual 2025-2027, es decir, un presupuesto que se extienda hasta el final del mandato de Javier Milei y no renovado año tras año como ahora. La próxima discusión que tendrá que dar el Congreso Nacional cuando se defina la Ley Bases.
¿Cuáles son los criterios de prioridad?
Aunque no se detallaron cuáles son las obras que se reactivarán, se brindó un listado de criterios.
El primero de ellos tiene a Santa Fe como protagonista. En su primer items, es decir el de mayor prioridad, se remarca que los “proyectos ya iniciados” tendrán prioridad. La provincia ya tiene en obras la Cárcel de Coronda, que el 13 de mayo se reactivó.
Luego se extiende una nómina de siete puntos abstractos sobre los criterios de selección de los proyectos a iniciar:
- Que tengan un impacto positivo en la generación de empleo.
- Que promuevan la actividad exportadora.
- Que contribuyan a mejorar la balanza energética.
- Que incidan en potenciar el desarrollo tecnológico.
- Que cuenten con Informe de Calificación Técnica vigente emitido por la Dirección Nacional de Inversión Pública dependiente de la Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria de la Secretaría Ejecutiva de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Que cuenten con estudios de prefactibilidad o factibilidad informados a la mencionada Dirección Nacional.
- Que cuenten con financiamiento externo proveniente de operaciones de crédito en ejecución y eventualmente en preparación, avaladas por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía.
En cuanto a las obras paralizadas, el gobierno de Javier Milei tiene en Casa Rosada un pedido de al menos ocho gobernadores, entre ellos Maximiliano Pullaro, para que se les sean cedidos los contratos nacionales o modificaciones en las administraciones de rutas y autovías
Algunos podrían respaldarse y apoderarse de las facultades descritas en el Título III artículo 64 a 73 de la versión de la Ley Bases que obtuvo el dictamen este jueves en el Senado de la Nación, donde se indica que el Ejecutivo “podrá disponer la reconducción de los contratos de obras y servicio públicos que estén paralizados, a efectos de posibilitar el aporte de financiamiento privado”.
El interrogante se reposa en parte del discurso público del presidente que sostiene la impugnación de la “intervención del Estado” y el antecedente de los datos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas para el primer trimestre de gestión, en el cual se reflejó una caída del 87,6% de proyectos en ejecución con fondos nacionales, un total de 2117.
