La agroexportadora Vicentin presentó un recurso extraordinario federal con el objetivo de que la Corte Suprema de la Nación revierta el fallo de la Corte Suprema de Santa Fe que anuló la homologación de su concurso preventivo. La empresa argumentó, entre otras cuestiones en un escrito al máximo tribunal de Santa Fe, que su decisión ha sido “arbitraria”, ignoró la voluntad de los acreedores y careció de fundamentos legales sólidos.
Lo confirmó Maximiliano Toricelli, abogado de la empresa. “La interposición suspende la decisión que se adoptó en la Corte de Santa Fe, que fue rechazar la homologación”, precisó.
La empresa Vicentin inicia un nuevo capítulo en su proceso judicial al presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El abogado constitucionalista Maximiliano Toricelli, junto a Ricardo Gil Lavedra, lidera esta acción legal tras la revocación de la homologación de un acuerdo por parte de la Corte Provincial de Santa Fe.
Toricelli explicó que “la presentación del recurso se hace ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que lo tramite previamente y luego lo eleve a la Corte Nacional”. Este recurso busca discutir nuevamente la homologación del acuerdo, que había sido aprobado por la Cámara y luego revocado.
La interposición del recurso
Se suspende la decisión de la Corte Provincial, lo que significa que “en principio estaría vigente nuevamente la homologación que hizo la Corte“, aclaró el abogado. Sin embargo, el tiempo que tomará el trámite es incierto, ya que depende tanto de la Corte provincial como de la Corte nacional. En la empresa “hay 1.200 empleos directos y unos 1.500 empleos indirectos“, lo que lo convierte en un tema trascendental para la agroexportación en Argentina. También señaló que “la gravedad institucional es una situación que está reconocida por la propia Corte provincial”, lo que justifica la elevación del expediente a la Corte nacional. En cuanto a las propuestas de los acreedores, no hubo interesados en el cramdown, a pesar de que algunos acreedores expresan su apoyo a esta opción, el abogado enfatizó que “nadie ofreció ninguna posibilidad de esa naturaleza”.
Asimismo, la cerealera cuestionó la imparcialidad de dos jueces que intervinieron en la causa, y advirtió que la medida compromete su continuidad, pone en riesgo miles de empleos y afecta la industria agroexportadora. Por ello solicitó que el máximo tribunal nacional anule la resolución y restablezca el acuerdo aprobado.
Textualmente
En su presentación, la agroexportadora denunció que la resolución judicial es “arbitraria en la medida en que contiene afirmaciones dogmáticas, se aparta groseramente del texto claro de la ley y de las constancias del expediente, además que desconoce la aplicación del principio de igualdad en la materia”.
Como se mencionó, uno de los ejes centrales del recurso presentado se basa en el cuestionamiento a la intervención de los ministros de la Corte santafesina, Rafael Gutiérrez y Daniel Erbetta. Según la empresa, ambos jueces adelantaron opinión antes de resolver el caso y se negaron a apartarse, afectando la imparcialidad del proceso. En el documento presentado, se destaca que “mediante una decisión arbitraria, el tribunal superior de provincia ingresó en el tratamiento de cuestiones que, por ser propias de los tribunales de la causa, se encontraban fuera del alcance de su jurisdicción”.
En el documento presentado por la empresa, enfatizó que “se afecta así la garantía del debido proceso y como bien lo dijo la Corte nacional en una causa donde cuatro integrantes del Superior Tribunal de Chaco habían adelantado opinión, la desestimación de una recusación con causa debidamente fundada es cuestión federal suficiente para la apertura del Recurso Extraordinario en razón que está en juego la tutela del derecho de la defensa en juicio” Vicentin también sostuvo que la resolución de la Corte santafesina desconoció la voluntad de los acreedores, ya que el acuerdo presentado había sido aprobado por el 62,93% de los acreedores y el 71,73% del capital, cumpliendo con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Concursos y Quiebras. En este sentido, la empresa argumentó que “la Cámara analizó el acuerdo propuesto, así como el escenario de quiebra y evidenció que este último era mucho más perjudicial para los acreedores”.
La decisión de la Corte Suprema de Santa Fe, según Vicentin, pone en peligro la continuidad de la compañía y podría generar consecuencias económicas devastadoras. En el documento presentado, se resaltó que “Vicentin representa el 24% de la molienda de girasol y el 21% de soja en el país, genera 1200 empleos directos y más de 5000 indirectos. Además, la empresa alertó que su planta en San Lorenzo actualmente opera al 30% de su capacidad y podría cerrar definitivamente en mayo cerrar definitivamente en mayo si el fallo no se revierte.
El documento también cuestionó la falta de fundamentos en la decisión de la Corte provincial para priorizar la opción de un proceso de salvataje en lugar de la homologación del concurso preventivo. “Frente al escenario que surge de las constancias de la causa y sustenta la sentencia anulada, la Corte Provincial –por mayoría– solo contrapone una infundada esperanza en el potencial resultado que podría tener el salvataje previsto en el art. 48 LCQ, parámetro que no solo no es el que prevé la ley para analizar la homologación de un acuerdo preventivo, sino que, en los hechos, no cuenta con un solo indicio que pueda sustentar el esperado pronóstico favorable”.
Mientras tanto…
Desde la hora 9 de este viernes 7 de marzo, una audiencia en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, empezó a determinar el destino de Vicentín SAIC, una de las principales agroexportadoras de Argentina. El juez Fabián Lorenzini la convocó con el objetivo de evaluar la continuidad operativa de la empresa, en medio de un proceso concursal que se ha extendido por más de cinco años y que ha sido objeto de múltiples controversias legales y financieras.
