La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe debe resolver si confirma o rechaza la homologación del acuerdo con los acreedores de Vicentin.
El rechazo, haría caer el acuerdo inicial y llevaría a la quiebra a uno de los principales grupos agroexportadores de la Argentina.
Sin homologación, Vicentín quiebra y no se pagan más salarios, esa es la peor consecuencia.
Este lunes, se cumplen cinco años de la denominada “Causa Vicentin”. El proceso judicial se inició el 10 de febrero de 2020 cuando la agroexportadora solicitó la apertura de su concurso de acreedores.
Una semana antes, hizo una presentación para admitir una deuda de 1.350 millones de dólares que terminó superando los U$S1.500 millones, todo sigue igual.
Ahora, la instancia judicial, desvela a los empresarios y también a los acreedores.
Si la Justicia sigue dilatando los tiempos, la situación la llevará a la catástrofe. Es el pronóstico más reiterado.
La foto de la coyuntura
El Grupo Vicentin entró en cese de pagos el 4 de diciembre de 2019 y el 10 de febrero de 2020 solicitó el concurso preventivo de acreedores en medio de una situación que la empresa describió como de estrés financiero.
Por entonces, el Gobierno de Alberto Fernández, responsabilizó a sus administradores. La quiso expropiar en junio de 2020, pero desistió en medio de la reacción de banderazos por todo el país.
Las deudas de la firma quedaron repartidas entre unos 2.000 acreedores, productores, bancos estatales y privados.
Mientras se concretaban negociaciones, presentaciones judiciales, acuerdos y desacuerdos, la Justicia actuó para permitir que las plantas del grupo siguieran funcionando, para sostener el personal, la operatividad de la empresa y otras medidas que aliviaron el resultado negativo de los últimos balances.
Desde el gobierno santafesino, de Omar Perotti, se propuso disponer un gerenciamiento con fiscalización del Estado, de los acreedores y de los accionistas de la empresa y descendientes de la familia Vicentin. Nada fluyó, quedó firme el acuerdo.
Seguir igual
Las plantas de Vicentin en el denominado Gran Rosario, instaladas en puertos desde Timbúes hacia la principal ciudad de esta provincia, continúan funcionando.
Actualmente ingresan unos 250 camiones diarios con girasol, de los 400 que se registran en etapas normales. Se va recuperando volumen de materia prima para procesar mientras Vicentin necesita cuatro millones de dólares para continuar.
Con este nivel de obligaciones y sin la actividad indispensable, la administración no resiste, alertan.
Salvatage
Por otra parte, desde la conducción de la empresa se cuestionó la viabilidad del cramdown, el mecanismo judicial de salvataje impulsado por un grupo de acreedores en torno de la firma Grassi. “No hay quien sostenga el pago de las remuneraciones mensuales si la empresa no trabaja. No se trata solo de pensar de dónde saldrá el dinero, porque no es mágico, si la compañía no opera, no hay ingresos”. Además, el empresario Grassi precisó: “Si la justicia santafecina no resuelve la homologación del concurso preventivo de crisis planteado el año pasado, el paso siguiente será la quiebra. Y a partir de ese momento, las cuestiones económicas, financieras y administrativas, volverán a tener la especial atención de los actores, si bien no hay muchas salidas a la vista”.
Un hecho destacado en los últimos meses fue la aparición del grupo inversor Cima SA, que adquirió la deuda con bancos internacionales que ascendía a casi 450 millones de dólares.
Al respecto, el director de la cerealera señaló al diario La Nación: “Con esto, Cima, lo que es lo mismo que decir Grassi, adquiere una relevancia que no tenía y pasa a ser el acreedor más importante. Pero hay una paradoja. No entiendo cómo podrían beneficiarse; el cramdown existe jurídicamente pero no existe en el concurso. Supongamos que se abre este mes… ¿quién va a pagar los sueldos? ¿El grupo Cima? Nosotros no vamos a tener la plata para pagar. Un cramdown tiene que conseguir la conformidad de los defaulteados”.
Uno de dos caminos
Hay dos caminos posibles, según la resolución que adopte la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: si homologa el concurso podrá seguir funcionando en los términos actuales (procesando a su ritmo) y asumiendo el compromiso de abonar en tiempo y forma los salarios, mientras se prepara para pagar las deudas. En tanto, no se detendrá el procesamiento de granos en las plantas del Gran Rosario, y se cumplirán los compromisos asumidos por la firma.
Caso contrario, se abriría el camino al default, con el cierre de plantas, despidos de personal y un impacto en el mercado agroexportador.
Según fuentes judiciales consultadas este fin de semana, los miembros de la Corte santafesina ya habrían decidido sus votos. Antes del viernes 14 podría conocerse la resolución.
