La Sociedad Rural de Rosario exigió que la justicia levante la medida cautelar de 2020, que restringe las actividades productivas en las islas frente a Rosario. El pedido se enmarca en el reclamo de los productores locales que consideran que la medida frena el desarrollo de la ganadería, una actividad que se realizó durante 200 años “en armonía con el medio ambiente”.
La titular de la Rural de Rosario, María Soledad Aramendi, advirtió que esta medida impide, por ejemplo, ingresar con maquinarias para hacer caminos, senderos, e incluso cortafuegos que puedan llegar a controlar un foco ígneo. Para la ruralista, la medida cautelar es “injustificada e inútil” y exigió su eliminación para permitir el “normal desarrollo de la vida y actividad productiva”.
“Hay gente que vive desde siempre en esa zona, escuelas rurales, cuestiones mínimas indispensables que, cuidando y respetando el ambiente, son necesarias incluso para el arraigo”, evaluó Aramendi.
Asimismo, aclaró que la ganadería se retiró de la zona de islas por los robos y la falta de infraestructura. “Para todo se necesita una mínima infraestructura”, explicó la dirigente rural, reiterando la necesidad de contar con caminos y senderos para desarrollar cualquier actividad.
Para Aramendi, se trata de una una superficie inmensa, zonas santafesinas y entrerrianas, que pueden generar trabajo genuino. “Hoy tenés una gran superficie que puede generar trabajo genuino acá enfrente; donde hay gente que vive de la pesca, de la caza; y hoy hay gente que hace ganado de exportación”, subrayó.
Por otro lado, descartó que la actividad ganadera altere el humedal. “Lo favorece, porque los animales comen el pasto, controlan la masa ígnea y fertilizan el ambiente con sus heces”, dijo. “Estamos en contra de toda actividad que altere la normalidad del ambiente; no es zona para agricultura, pero sí para ganadería; bregamos por eso y no vamos a avalar nada que esté prohibido”, aclaró.
Este reclamo de la Sociedad Rural de Rosario se sumó al reciente pedido de la Municipalidad de Victoria, que también había solicitado a la justicia que levante las restricciones, argumentando que los productores locales cumplen con los planes de manejo y buenas prácticas establecidos por organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
