Se agitan las aguas en torno a la concesión de la Hidrovía. El contrato con la empresa que se ocupa del dragado y balizamiento finaliza en 2021, pero varios actores ya se mueven con la mirada puesta en la nueva adjudicación.
Si bien el tema ya se barajaba, todo se aceleró con el estallido del escándalo de los cuadernos de la corrupción, causa en la que Gabriel Romero, titular de Hidrovía SA, declaró como arrepentido haber pagado US$600 mil dólares al gobierno kirchnerista para la extensión del contrato en 2010. Con su culminación relativamente cerca, y con rumores de rescisión del vínculo con el Estado Nacional, diversas propuestas aterrizan en los despachos gubernamentales.
“Es sabido que todo este escándalo provocó cierta resistencia del gobierno a mantener contratos con empresas investigadas, pero como está cerca de terminar, veo muy difícil que lo vaya a rescindir, pero debe haber más de uno interesado y operando para que eso suceda”, apuntó a ON24 un experimentado jugador del sector portuario. Y siguió, “la empresa Jan de Null es seria y tiene mucha trayectoria, pero el problema es el socio de la UTE, Gabriel Romero, el dueño de Emepa, que figura en los cuadernos”.
Por fuera del escándalo, la preocupación de quienes utilizan la Hidrovía es bajar los costos logísticos y ganar competitividad. Con ese objetivo, un grupo de entidades entre las que figuran la Bolsa de Comercio de Rosario, la de Santa Fe, el Consejo Portuario Argentino, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Actividades Portuaria y Marítimas, entre otras, ya elaboran propuestas de mejora de la vía navegable de cara a la próximos seis años, al tiempo que exigen que en la próxima licitación se garantice un proceso transparente con participación de los actores involucrados.
REDACCIÓN ON24
