Empresarios nucleados en distintas cámaras vinculadas a la actividad de la hidrovía se reunieron de forma virtual este miércoles con el ministro de Transporte, Mario Meoni, para presentarle un estudio de factibilidad técnico-económico de más de 2.400 páginas, con el objetivo de que sirva de base para conformar el pliego del próximo llamado a licitación de la vía navegable.
Entre las instituciones presentes, estuvieron la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara Argentina del Acero, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro de Exportadores de Cereales, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Unión Industrial Argentina.
Fuentes de ON24 que participaron del encuentro resaltaron que fue una “reunión muy positiva” porque las dos partes acordaron afianzar un “trabajo de forma conjunta” con miras a la próxima concesión, ya que, según las fuentes, había poca información sobre la hidrovía y el actual contrato con Jan de Nul vence en mayo de 2021, aunque podría extenderse por más de un año.
En ese sentido, el ministro quedó en conformar en un plazo de unos 15 días equipos de trabajo para “empezar a interactuar” entre el sector público y privado, teniendo en cuenta que en este proceso, el Gobierno Nacional buscará conformar una empresa estatal para gestionar la vía navegable del Paraná.
Cabe indicar que esta sociedad del Estado estaría compuesta en un 51% por los ministerios de Transporte, Interior y Producción de la Nación, y el resto por 7 provincias: Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones.
RECOMENDACIONES
En tanto, según publicó la Bolsa de Rosario, con el acabado estudio presentado ayer ante Meoni y en el marco de este trabajo mancomunado que se llevará adelante, las cámaras empresarias proponen la creación de Órgano de Control independiente y autónomo, con participación de las provincias y representantes del sector privado, así como también recomiendan que el concesionario mantenga a su cargo los trabajos de dragado de apertura y de mantenimiento y la señalización, mediante el cobro de peaje a cada buque.
Por otra parte, sugieren que la concesión cubra la totalidad de la vía navegable, incorporando la vía Bravo-Guazú-Talavera, y que el plazo máximo sea de 15 años.
Por último, si bien uno de los objetivos que persigue esta sinergia es bajar el costo del transporte en la vía navegable y optimizar la eficiencia del sistema, algunas fuentes consultadas advierten que este mecanismo de gestión estatal podría encarecer los peajes, en el entendido de la participación en las tarifas que podrían llegar a tener tanto Nación como las provincias.
REDACCIÓN ON24
