En medio del ruido generado por un proyecto de reforma laboral de la que poco se sabe hasta el momento, el gobierno apura el diálogo para conseguir la aprobación (post elecciones), de una iniciativa para formalizar cerca de 1 millón de trabajadores.
Adelantamos parte de la entrevista cedida por el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja a Fisherton CNN, que recoge la visión de un actor central de la discusión sobre dos temas clave: el blanqueo y el problema de los juicios laborales; y que formará parte de la próxima edición de la revista de ON24.
¿Qué expectativas cifran en la reforma laboral que viene barajando el gobierno?
Coincido fundamentalmente en la necesidad de un blanqueo, porque Argentina viene de muchas distorsiones. Pero lo que a mi criterio tiene que marcar la diferencia, es que esta decisión tiene que venir con nuevas reglas del juego, para que haya una condicionalidad que les facilite ser formales, y que además, los obligue a ser formales. Es decir, si siguen las mismas condiciones se volverá a caer en el mismo error.
Las micro y pequeñas empresas son las que exhiben mayor informalidad. Para todo ese universo hay que encontrar reglas de juego que permitan vivir en la formalidad y que la formalidad sea sustentable.
Uno de los temas que complica la empleabilidad y la formalidad es la industria de los juicios laborales, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es el efecto de la ley de ART?
Todos los juicios que se hacían en Capital Federal se mudaron a provincia (de Buenos Aires) porque saben que en Capital deben ir a junta médica, igual que en Córdoba. Esto no es una restricción, sino que es un camino de facilitación para que el trabajador sepa con certeza qué grado de incapacidad tiene.
Ahora se ha potenciado la litigiosidad en la provincia (de Buenos Aires), pero la siniestralidad ha bajado muchísimo, no sólo la común, sino la siniestralidad mortal. No puede ser que habiendo bajado la siniestralidad como ha bajado, aumente la litigiosidad por accidentes laborales o supuestas enfermedades, en forma descarada, con connivencia.
Hace pocos días se conoció un fallo de la Corte Suprema que limita montos indemnizatorios sobre un caso en el que un tribunal los había triplicado. Juicios como ese pueden hacer quebrar a una pyme…
La mata. Pero además, ¿qué pyme puede llegar a la Corte Suprema? Pensemos en un empresario local que tiene que tener un contador a un lado, un abogado del otro, con un juicio de esa naturaleza: va a la Justicia, de ahí a la Cámara, a la Corte provincial y de ahí llegar a la Corte Nacional, es un disparate de complejidad y costos.
Generalmente, cuando el empresario pyme va a la primer audiencia le dicen “arregle porque le conviene”, es más barato, es lo que es escucha usualmente.
Lo que yo me pregunto es: los jueces que dictaron esa sentencia, ¿pueden ser jueces? Quien comete semejante desmesura y alienta que haya una litigiosidad totalmente desproporcionada, no lo hace por error, hay algo más.
REDACCIÓN ON24
