La llegada de Uber a Rosario sigue siendo tema de debate en el Concejo Municipal. Algo similar ocurrió en su momento con la llegada de Cabify, aplicación que finalmente logró instalarse en la ciudad, pero con un derrotero institucional diferente. Recientemente, un proyecto de ordenanza presentado por la concejal Renata Ghilotti busca reglamentar la actividad de los servicios de transporte privado de personas.
En 2019, Cabify había expandido sus operaciones en Rosario al sumar traslados privados a su servicio corporativo. Tras adquirir EasyTaxi comenzó a trabajar con viajes particulares que concentró en su aplicación de bandera. Sin embargo, para julio de ese mismo año la Secretaría de Transporte dictó su caducidad por “irregularidades en las habilitaciones de algunos coches”.
Finalmente, la empresa logró establecerse en la ciudad, pero dejando a un lado su característica de servicios de coches privados. En su lugar, se ofrecen viajes en automóviles que tienen registro y habilitación como remises y están sujetos a todas las normas, sanciones y obligaciones taxativas que a estos corresponden.
En cambio, Uber podría recibir un tratamiento diferente. Un proyecto presentado por Ghilotti pretende establecer una Tasa Especial por prestación del Servicio de Transporte Privado de Personas a través de Aplicaciones que será destinada al fondo compensador del transporte y al sostenimiento del sistema público de taxis, un nuevo esquema de exigencias mayores en cuanto a características de las unidades y para con los chóferes; y la salvedad de que, bajo ningún concepto podrán operar directamente en vía pública y su utilización estará circunscripta a las contrataciones mediante plataformas.
“Queremos avanzar en una regulación que, sin perjudicar al resto de los sistemas, nos permita generar empleo, inversiones y nuevos fondos para mejorar el servicio de taxis. Un reclamo que comparten la mayoría de los rosarinos”, explicó Ghilotti, para quien “estas aplicaciones se imponen en la sociedad por su uso y la insistencia de algunos en seguir buscando el momento político indicado solo sirve para perder el tiempo”.
Ayer tuvo lugar además una reunión entre cocejales y la Comisión de Servicios Públicos del Concejo, en la cual, representantes de Juntos por el Cambio se mostraron descontentos con algunos de los puntos expuestos. En particular, con este párrafo: “La prestación del servicio de transporte de personas realizado en forma habitual y onerosa, con vehículos sin habilitación municipal y cuyo despacho de viajes se practique a través o sirviéndose de aplicaciones móviles o de cualquier medio digital de alcance o uso masivo, la multa será de 1300 a 3800 UF”.
Según explicó el edil Carlos Cardozo, “la objeción que nosotros hacemos es que no se ha dado una discusión de fondo. ¿Son las apps un servicio público o son un servicio privado de traslado de personas que no tiene marco regulatorio? No podemos pensar lo que aún no decidimos se es pasible de ser sancionado. Decimos que esto es apresurado y una forma de sacarse el problema de encima”.
En relación a las críticas recibidas por parte de conductores y asociaciones de taxis en redes sociales, Ghilotti remarcó: “justamente, buscamos evitar la precarización que tanto denuncian los taxistas. Las ciudades que optaron por barrer bajo la alfombra continúan con la misma discusión desde hace años. Solo la regulación nos dará la salida para proteger el empleo y mejorar la totalidad de los servicios que se prestan en la ciudad”.
Mientras tanto, Cardozo, en la misma línea, subrayó: “El grave problema que tiene el sistema de transporte en la ciudad de Rosario y que el intendente no se anima a abordar es de las grandes agencias de remises truchos que muchas veces tienen que ver con economías delictivas. Tampoco estamos diciendo que aquellos que solamente disponen de un auto como capital y que intentan agarrar un viaje sean enemigos. Nos parece que se está intentando una medida espectacular, mediática, un título que tenga que ver con Uber y no enfrentar el grave problema que tiene Rosario”.
