Podría caerse la compra de una generadora por un cambio de reglas. La operación de privatización por la cual Central Puerto se quedó con la central Brigadier López (Sauce Viejo, Santa Fe), corre riesgo luego de que el gobierno nacional decidió modificar la regulación que establece cuánto cobran las generadoras de electricidad, además de acumular una importante deuda.
La semana pasada se confirmó que Central Puerto, propiedad de Guillermo Reca, Eduardo Escasany, Claudio Pérez Moore y Nicolás Caputo, se quedó con la planta por un monto de US$ 165.432.500; a lo que deberán adicionar US$ 161.118.000 de una deuda financiera, y hacerse cargo de las obras de cierre de ciclo que demandarán otros US$ 50 millones.
No obstante, y según consigna el sitio Econojournal, el 1º de marzo la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, publicó la resolución 1/2019, que modificó los esquemas de remuneración de la energía que generan las centrales térmicas. La mayor parte del EBITDA ( el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros) de Central Puerto proviene de lo facturan esas usinas, conocidas en la jerga eléctrica como “máquinas viejas” para diferenciarlas de las que tienen algún contrato de promoción especial firmado con el Estado (Foninvemem, Energía Plus, RenovAr y resolución 220 y 21, entre otros).
La compañía, es una de las más afectados por el recorte. Por eso, directivos de la empresa se reunieron la semana pasada con funcionarios de Energía para advertirles que, como resultado del cambio en la regulación, podrían bajarse de la licitación. De ser así, IESA (exEnarsa) ejecutaría la caución, de US$ 10 millones y deberia relicitarla.
