Un nuevo revés judicial azota a la agroexportadora Vicentin. Según un comunicado de la compañía, el Juez Penal de Primera instancia del Distrito Nro. 2 de la Ciudad de Rosario, Dr. Hernán Postma, ante la requisitoria del Fiscal Miguel Moreno, ha ordenado “una medida más dentro del raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política y de una evidente animosidad contra la empresa, sus accionistas, directivos y trabajadores”, ordenando al Banco Central el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la empresa.
La consecuencia inmediata de la medida tildada por el Directorio de “arbitraria, absolutamente injusta e inconducente” es la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la empresa y también de otras empresas que nada tienen que ver con Vicentin S.A.I.C pero que igualmente resultan alcanzadas por esta disposición.
“Los argumentos esgrimidos por el fiscal, son absolutamente falsos, no existe ninguna razón ni posibilidad de que se ejecuten ningún tipo de movimientos de fondos que no estén ya controlados por el trámite concursal que atraviesa la empresa, ni que escapen al control de las auditorías vigentes, del rol de la sindicatura y mucho menos del interventor recientemente designado por el Dr. Fabián Lorenzini, Juez del Concurso que tramita la compañía en la localidad de Reconquista.
No cabe otra posibilidad que concluir que esta sucesión de medidas buscan impedir cualquier posibilidad de que la empresa pueda resolver su situación concursal y con ello cumplir con los acreedores y garantizar la continuidad de todas las fuentes de trabajo”, reza el comunicado, señalando al Juez y al Fiscal como responsables de la obstrucción del cumplimiento de la empresa con sus empleados. En este sentido, la empresa asegura que: “Poco le han importado al Sr. Juez y al Fiscal interviniente, la tranquilidad y el bienestar de los más de 5000 trabajadores y familias de Santa Fe, San Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires que serán directamente afectados por esta inconcebible decisión. Más allá de las conocidas dificultades financieras que la compañía ha atravesado durante el corriente año, nuestros trabajadores han sido la prioridad y hemos garantizado la conservación de sus fuentes de trabajo y el cobro en tiempo y forma de sus salarios. Esta medida irracional no sólo agrava la situación de la compañía si no que implica una destrucción de valor para los propios acreedores, afectando sus intereses y condicionando las posibilidades de alcanzar una pronta solución que pueda satisfacer a todas las partes implicadas en el proceso concursal”.
El duro mensaje de Vicentin finaliza con una invitación a los funcionarios judiciales a reflexionar sobre lo actuado, “en caso contrario deberán asumir la responsabilidad directa sobre las consecuencias que la misma provoque”.
