La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) emitió un comunicado este viernes en el que expresa su apoyo al Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, aunque solicitó atender algunos cambios presentados a los bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados, al gobierno nacional y a las provincias.
Los mismos, indicaron, además de incentivar la libre competencia, generarían más empleo, brindarían más competitividad y producirían un ahorro importante de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para Carbio (que nuclea a las principales empresas productoras y exportadoras de biodiesel del país -excluidas insólitamente de la comercialización en el mercado interno desde hace 15 años-), es prioritario fijar un aumento del corte obligatorio del biodiesel en gasoil del 15%, en lugar del 12.5% que propone el proyecto. Por este motivo, afirman que “se debe aprobar ahora un cronograma de aumento del corte (B15) para el 2026, poniendo al país en convergencia técnica con otros países de la región como Brasil”.
Asimismo, señalan que ven con buenos ojos que las modificaciones a la actual ley permitan la participación en el mercado de corte obligatorio de todos los actores de la cadena, “fomentando la libre competencia y eliminando las distorsiones que existen en el mismo, en perjuicio de los consumidores y de la competitividad de toda nuestra economía”, sostienen.
No obstante, apuntan que “el proyecto insiste en prácticas que distorsionan los precios al limitar la competencia entre las empresas productoras de biodiesel e implican mantener marcos intervencionistas que se buscan erradicar con esta nueva ley”.
El comunicado de Carbio argumenta que si bien celebra que “Argentina tenga un mercado plenamente abierto a la libre competencia”, sostiene que “el oficialismo busca una fórmula que permite por un tiempo mantenerlo relativamente intervenido”.
“Consideramos que el mercado intervenido no debe superar el 5% del corte obligatorio, en virtud que al día de la fecha el abastecimiento de empresas no integradas (las únicas autorizadas en los últimos 15 años a participar) está por debajo de ese porcentaje”, explican. En ese sentido, enfatiza en “incluir una cláusula que especifique que a partir de cortes mayores a ese 5% para el segmento de empresas no integradas el mercado debería funcionar con licitaciones libres y sin condicionante alguno, de modo de favorecer la transparencia y evitar mayores distorsiones en el mercado”.
ARTÍCULO 288
Por otra parte, Carbio también ve “con preocupación” que el Artículo 288 incluye como punto d: “En caso de que los precios adjudicados superen los precios internacionales de importación, calculados conforme índice internacionalmente reconocido, los vendedores de biocombustibles deberán vender al precio de importación vigente en cada momento”.
Ante esta disposición, las empresas entienden que, “para evitar entrar en erróneas interpretaciones durante la aplicación reglamentaria, se debería dejar aclarado que los precios internacionales de importación a los que se refiere el artículo son los de biocombustibles idénticos a los que se comercialicen en las licitaciones en cuestión y que la temporalidad de la comparación se limite al momento de la licitación”.
“El proyecto de Ley busca desregular y promover las bases de una Argentina más competitiva, con oportunidades de generar nuevos puestos de trabajo y por eso, creemos que es el momento de generar la libertad de comercializar el biodiesel de mejor calidad y al mejor precio posible para todos los argentinos, saliendo del actual esquema discriminatorio, prebendario y discrecional”, concluye el comunicado de Carbio.
