En dos audios de Whatsapp a los que tuvo acceso ON24 queda bien clara la situación de violencia, boicot y amenazas a la que se tuvo que enfrentar el Grupo Razzini en los últimos dos meses por parte del sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe, lo que llevó esta semana al cierre de las tres empresas, tras más de 40 años de actividad.
“Esto se tiene que terminar por las buenas o por las malas. Ya me tienen re podrido. Estoy re caliente. Que paguen como tienen que pagar. Hay que romperles todo: auto, chata, camiones; hay que prenderles fuego todo y que se pudra todo como se tiene que pudrir”, expresa uno de los audios, ambos en manos de la Fiscalía. “Vamos a hacerle un piquete en la casa del viejo y que se muera de un infarto”, señala otro, aludiendo al fundador del Grupo.
Concretamente, el reclamo pasaba por intentar encuadrar a los empleados dentro del gremio, tal como ocurrió también en las plantas de Mercado Libre. Pero si bien en los audios afirman que “hacen logística”, en realidad ninguna de las firmas de Razzini (Materiales, Industrial y Hormigonera) se dedica al transporte, por lo que sus empleados se encuentran en los sindicatos de Comercio, UOCRA y UECARA, que “es el encuadre exacto”, afirman los directivos del Grupo.
El conflicto comenzó el 8 de junio y llegó a tal punto de impunidad que la empresa, que emplea a unas 100 personas, tuvo que decidir cerrar sus puertas para no seguir siendo víctima de estas actitudes de hostigamiento, porque tampoco encontró eco de las autoridades provinciales.
Es que ante el pedido de intervención del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, la respuesta que tuvieron fue la de archivar el reclamo y recomendar realizar la denuncia correspondiente.
La misma se cursó y terminó en una causa penal con detenidos y restricciones perimetrales dictadas por fiscales. Pero luego, la Secretaría de Trabajo sí intervino y dictó la conciliación obligatoria, medida que para la empresa era “inaceptable en el marco de la escalada de violencia en que se está llevando a cabo este conflicto”, remarcaron.
Una situación similar le tocó vivir a la empresa santafesina de autopartes Etman, que en un comunicado divulgado el 31 de julio denunció que también se estaba viendo inmersa en “constantes embates y agresiones que pretenden ser teñidas de reclamos sindicales, pero que en su esencia responden a intereses espurios, incentivados por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe”.
Tristemente, ante este crítico escenario, y luego de 59 años de actividad, la empresa debió comunicar que se veía “imposibilitada de mantener operativas las sucursales, que permanecerán cerradas hasta tanto se resuelva esta penosa situación”.
Además, tanto Razzini como Etman comparten otro punto en común y es que ambas aseguran que, pese a la recesión económica y crisis sanitaria, cumplieron siempre con sus obligaciones y evitaron desvinculaciones o suspensiones durante la cuarentena. Así y todo, luego de soportar meses de aislamiento, debieron cerrar igual por aprietes sindicales.
Cabe indicar que esta situación llegó al Congreso de la Nación en estos días a través del diputado nacional de Juntos por el Cambio, José Núñez, que elevó un pedido de informes al Gobierno Nacional para que detalle las medidas que se están tomando frente al bloqueo del Sindicato de Camioneros a las empresas del Grupo Razzini (Materiales, Industrial y Hormigonera).
Además, el legislador instó a un mayor involucramiento por parte de las autoridades provinciales. “Ninguna autoridad se está haciendo cargo de esta situación. Si bien los encuadres sindicales son competencia de Nación, no vemos por qué la Provincia no puede ser un puente como lo han sido con otras empresas”.
REDACCIÓN ON24