El director de la Agencia de Puertos, Iñaki Arreseygor, aseguró que la licitación de la hidrovía Paraguay-Paraná fue saboteada por una supuesta maniobra orquestada por exfuncionarios, medios y estudios jurídicos. Además, responsabilizó a la empresa belga DEME de presionar a otras firmas para evitar su participación en el proceso.
En una exposición ante la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, Arreseygor señaló que la caída de la licitación fue el resultado de una “orquesta de medios, exfuncionarios y empresarios” que actuaron de manera coordinada para obstaculizar el proceso. Entre los principales señalados mencionó al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Transporte Guillermo Dietrich, y a medios de comunicación que, según su denuncia, “operaron en contra del procedimiento”.
La licitación fue dada de baja por el Gobierno después de que solo se presentara la firma DEME, mientras que la actual concesionaria, Jan de Nul, decidió no participar. Arreseygor defendió la transparencia del proceso, destacando que los pliegos contaron con la participación de provincias, municipios, exportadores y universidades. También desestimó acusaciones de que los requisitos favorecían a una empresa en particular y aseguró que la Justicia validó la legalidad del procedimiento en dos instancias.
“La lluvia de operaciones mediáticas comenzó cuando salimos a licitar”, afirmó Arreseygor, quien aseguró que el boicot al proceso tuvo la participación de diversos actores, incluidos estudios jurídicos. También apuntó directamente contra DEME, al sostener que la empresa habría intentado bloquear la participación de otras compañías en la compulsa.
Ante las críticas y la caída del proceso, se prevé una nueva licitación. “Lo haremos cuanto antes porque la necesidad de los productores es urgente”, enfatizó el funcionario. En este sentido, destacó que cada día de retraso impacta en el costo que deben afrontar los productores.
Desde la oposición, diputados como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Nicolás Massot (Encuentro Federal) cuestionaron la transparencia del proceso y la extensión de la concesión prevista a 30 años, con posibilidad de prórroga. Ferraro hizo referencia a un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que advirtió sobre supuestas irregularidades en la licitación. “Acá hubo improvisación, negligencia e impericia”, criticó el legislador.
Por su parte, Dietrich respondió a las acusaciones y defendió la gestión anterior. “Desde el primer día dijimos que la licitación estaba mal planteada”, señaló el exministro de Transporte, quien aseguró que en 2019 se había diseñado un proceso con mayor competencia y plazos más lógicos. Desde Pro también rechazaron la “mirada conspirativa” del Gobierno y pidieron que Arreseygor haga una autocrítica sobre el fracaso del proceso.
A medida que se avanza hacia una nueva licitación, persisten dudas sobre la transparencia, la composición de costos y la duración de la concesión. La Comisión de Transporte espera un mayor debate para esclarecer estos puntos antes de un nuevo llamado a compulsa.
