El Senado buscará hoy avanzar con la sanción de una nueva ley de blanqueo para el sector construcción. La suma que podría llegar a ser reincorporada a la economía local ascendería hasta los 4,5 millones de dólares en los próximos meses.
Sería un relanzamiento del blanqueo de capitales para el rubro que estuvo vigente durante tres meses del 2021. Fue a lo largo del período entre marzo y julio. Además, se incluyó una prórroga en el presupuesto oficial de 2022, pero no logró su aprobación en el Congreso.
El proyecto fue una iniciativa de Sergio Massa y prevé algunos incentivos impositivos para quienes declaren bienes e incluye parte del programa “puente al empleo”, cuya misión es pasar de planes sociales a empleo genuino.
La Cámara Argentina de la Construcción había indicado que en la primera etapa del blanqueo 2021 se abrieron unas 7.000 cuentas por una suma que rondaba los 200 millones de dólares. No obstante, el resultado no estuvo a la altura de los 5.000 millones que el gobierno esperaba recibir. En las dos etapas posteriores, solamente ingresó un 10% de aquel valor inicial.
Con respecto al proceso actual, se espera un ingreso de entre 4.000 y 4.500 millones de dólares. El proyecto incluye un impuesto especial a modo de incentivo para obtener dicha cifra: según el esquema previsto para los bienes declarados a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley y por 90 días, se deberá abonar una alícuota del 5%.
Por su parte, los ingresados a partir del primer vencimiento pagarán el 10%. Finalmente, aquellos que lo hagan tras el segundo plazo, abonarán el 20%.
Quienes entren al blanqueo quedarán exentos de pagar el impuesto sobre los Bienes Personales sobre el valor de las inversiones en proyectos. Incluso se permitirá computar el 1% del valor de la inversión en los proyectos como pago a cuenta de dicho tributo.
Los fondos declarados deben ser depositados en una Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina (CECON.Ar) y, luego, solo podrán utilizarse para desarrollar e invertir en proyectos inmobiliarios en el país. El texto de la norma sostiene que la inversión debe estar dirigida a “obras privadas nuevas”, aunque aclara que también alcanzará a obras que tengan un avance inferior al 50% al momento de promulgarse la ley.
