La Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro de Exportadores de Cereales, junto a puertos comerciales del sur de la provincia de Santa Fe, reclamaron el llamado a licitación del dragado y balizamiento de la vía troncal del río Paraná.
Los principales exportadores agroindustriales enviaron una nota dirigida al vicepresidente a cargo del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, Hernán Orduna, marcando sus diferencias con el esquema que plantea el Consejo Federal de la Hidrovía.
Las entidades advirtieron no estar de acuerdo en la modalidad de contrato de obra o de concesión del dragado, balizamiento y señalización de la Vía Navegable, y que promueva la delegación de la ejecución la Administración General de Puertos.
Tras recordar que el Decreto PEN 949/2020 establece licitaciones por tramo “a riesgo empresario” y “sin costo alguno para el Estado ni aval de este de ninguna naturaleza”, los protagonistas y principales actores insisten minimizar los “costos de la logística”, con participación de empresas especializadas más competitivas.
Parte del planteo de actores privados es el “cobro de peaje” por el concesionario e intervención del Estado en su función de planificador y control e incluso monitoreo ambiental, considerando un Estado en ejercicio de su poder de policía con un control solventado mediante el 0,5% de la recaudación de la tarifa.
Además, consideran ilegales los planteos para que lo recaudado por la VNT financie el dragado a accesos de puertos fluviales de Santa Fe al norte, según los términos del artículo 20 de la Ley de Actividades Portuarias N° 24.093.
Aclaran no estar en contra del cobro de peaje a embarcaciones de Santa Fe a Confluencia, pero advierten que los trabajos de esos pagos se repagan con una tarifa de 0,66 dólar por tonelada de registro neto, muy por debajo de la tarifa de 1,47 dólares fijada por la Autoridad Nacional.
La nota lleva las firmas de Luis Zubizarreta y Gustavo Idígoras, Presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales y de CIARA-CEC respectivamente. El pedido es avalado además por la BCR, Acero Argentino y Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.
