Dos fallos en materia laboral de la Corte Suprema y las acordadas fallidas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo pusieron sobre la mesa un debate importante sobre la problemática de los juicios laborales que enfrentan pymes de todo el país.
La Cámara de Diputados de la Nación comenzó a debatir tres proyectos de ley impulsados por los diputados Verónica Razzini (PRO), Jorge Ávila (Encuentro Federal) y Martín Tetaz (UCR) y se realizó una reunión informativa para analizar las iniciativas.
Así fue como la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Baja, que preside el diputado Tetaz, recibió a diferentes disertantes, entre los que estuvieron la legisladora Razzini, impulsora también de la Ley Anti Bloqueos, y el empresario rosarino Eduardo Maradona, presidente de la Mesa Rosario del Movimiento Nacional Pyme (Monapy).
En sus fundamentos, la diputada santafesina sostuvo que el Poder Legislativo “deberá ser quien regule a materia”, única vía posible a efectos de dar certeza y previsibilidad sobre los importes a abonar en cada conflicto. En los últimos años la inflación, los cálculos aplicados y la dilatación de los tiempos llevaron a que los juicios laborales sean un imposible para todas las partes involucradas.
Maradona, por su parte, dio su exposición y citó un caso muy particular: “Hubo una demanda a una empresa de limpieza, con sede en Rosario, por una suma de 300.000 pesos. El reclamo era un despido de una persona con 7 años de antigüedad”.
El empresario puntualizó en este episodio para graficar algunas situaciones vividas por las pymes, las cuáles luego de estos procesos quedan al borde de la quiebra. “El juicio terminó hace unos pocos meses, después de 7 años de litigio. Dicha suma, con la actualización aplicada, alcanzó a los 37 millones de pesos”, relató
En ese sentido, contó que esto llevó a que la empresa debiera presentarse en un concurso “con suerte esquiva”, con riesgo de perder las fuentes laborales de 30 trabajadores, es decir, 30 familias y una pyme en riesgo por un juicio laboral.
“Debemos tener presente el crecimiento exponencial de los juicios en materia laboral: en el año 2020 había aproximadamente unos 40.000 juicios. Hoy hay más de 270.000 y de lo que va el año han ingresando más de 8.000 expedientes. Nosotros no estamos en contra de los derechos de los trabajadores. Estamos en contra de los abusos que hacen en nombre de ellos”, subrayó Maradona.
Vale destacar que hubo 20 expositores en la comisión pero el empresario rosarino confesó que volvió “desilusionado”. “No veo interés en muchos legisladores de cambiar las cosas. Sólo éramos dos pymes y seis abogados que defendían la modernización de los juicios laborales. El resto sindicalistas que no colaboran para que la gente tenga trabajo y vivan mejor”.
Maradona dijo que la “inseguridad jurídica” genera temor a la hora de sumar personal a las empresas, ya que cada uno de ellos implica la posibilidad de un juicio oneroso en puerta. “Desde el punto de vista fiscal e impositivo, es otro problema que la justicia no puede dejar de considerar, ya que puntualmente se termina desfinanciando las cajas previsionales por falta de aportantes”, deslizó en su alocución.
EL PROYECTO DE VERÓNICA RAZZINI
La iniciativa sobre la materia que presentó la diputada nacional por Santa Fe, Verónica Razzini, propone que “los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo ya sea que se traten en procesos futuros, en trámite o concluidos -estando pendientes de pago los montos debidos-, serán actualizados a partir de la aplicación de las Tasas Activas Banco Nación“.
“En los supuestos de reclamos en sede judicial cuando el juzgador entienda que la conducta del empleador lo justifique, se aplique a los montos a abonar la capitalización prevista en el artículo 770 inciso b) del Código Civil y Comercial, esta deberá realizarse por única vez a la fecha de notificación de la demanda, en aplicación simultánea de los parámetros resultantes de los artículos 9, 10 y 771 del Código Civil y Comercial”, señala.
Además, añade: “La suma que resulte de la actualización de los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo determinada conforme los artículos precedentes, en ningún caso podrá ser superior a la derivada de adicionar al capital histórico el importe derivado de la aplicación sobre el mismo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el INDEC con más una tasa de interés pura del 3% anual“.
“En los últimos años se legisló para castigar a las empresas de tal manera que construyeron un negocio al que denominamos la industria del juicio laboral que nos muestra los resultados desastrosos a los que llegamos hoy luego de 12 años sin generación de puestos de trabajo”, manifestó Razzini.
