La última resolución de la UIF despertó la controversia. La decisión de la Unidad de Información Financiera de intimar a los abogados defensores de procesados por delitos de lavado de activos, narcotráfico, corrupción y trata de personas, para que informen los honorarios recibidos; ya cosechó avales y rechazos en Rosario, entre quienes piensan que es una buena medida “para cortar el circuito” de fondos espurios, y quienes sostienen que no corresponde poner el foco en los abogados, siendo violatoria del secreto profesional.
En el ida y vuelta ya se anotó el Colegio de Abogados de la 2da Circunscripción, que a través de su presidente, Juan Carlos Martorana, expresó su rechazo. “Como mujeres y hombres de derecho, debemos destacar que los abogados no nos encontramos contemplados dentro de la nómina de sujetos obligados”, apuntó Martorana. Y agregó que la exigencia de la UIF, “implica una violación no sólo al principio amplio de la defensa en juicio, sino de los derechos a la privacidad e intimidad de nuestros clientes, garantías, que deviniendo del art. 19 de la Constitución Nacional”.
En la misma tónica se expresó el Dr. Iván Hernández Larguía, que en conversación con ON24 tildó la medida como “un disparate”. Según el abogado, “tiene que ver con una cuestión política, de lucha contra la corrupción, más que jurídica (…) A las bandas criminales las debe perseguir el Estado, no un abogado; nosotros hacemos una factura informando quien nos paga los honorarios, por lo que la AFIP sabe perfectamente esa cuestión y es el organismo que debería investigarlo, ¿por qué debería hacerlo yo?”
Por su parte, el Dr. Froilán Ravena, opinó a favor de las medidas que apuntan a debilitar las estructuras financieras de las bandas criminales, pero en contra de que se obligue a los abogados a dar la clase de información que exige la UIF. “Entiendo que los abogados, mientras tengan su condición fiscal en regla no tienen que informar nada más; para investigar los orígenes del dinero está la AFIP, la UIF no tiene injerencia”, apuntó.
“Los abogados no son sujetos obligados como lo son los escribanos, los contadores o los bancos”. En ese sentido, “la norma viola el secreto profesional, que es una garantía constitucional (…) Si un imputado tiene el derecho de abstenerse a declarar o a no autoincriminarse, mucho menos lo va a hacer su abogado”.
Según Ravena, “no sólo no estamos obligados a informar, sino que tampoco estamos obligados a cobrar. Un abogado puede trabajar gratis, puede cobrar de un familiar del implicado, o por la publicidad que le puede dar algún caso en especial”.
Además, subrayó que la inclusión de los abogados como sujetos obligados debe hacerse mediante una ley. Lo cual, puede generar mucha resistencia: “Va a ser muy difícil porque van a llover los juicios por inconstitucionalidad”.
“Yo estoy a favor de la pelea contra la criminalidad, pero esto es muy difícil que sea de cumplimiento obligatorio. Creo que puede dejarse liberado a que cada abogado lo informe si quiere hacerlo”, dijo Ravena.
A favor
Las voces que se mostraron a favor provinieron de asistentes a la conferencia que Mariano Federici, el titular de la UIF, dió en Fundación Libertad el pasado miércoles.
En off, dos hombres del mundo de las leyes, explicaron que “la medida está bien políticamente”. Y uno explayó: “Tiene lógica que se pida la información porque el lavado de dinero se hace a través de un circuito, y esto apunta a cortarlo”. Asimismo, “debería ampliarse la ley para que los abogados sean incluidos como sujetos obligados, como los son los escribanos”.
“Está claro que la UIF va a jugar fuerte en este tema”, consideró un barbado abogado. Y siguió, “el tema es que muchos están preocupados – y con razón- en que esto arranque con los abogados penalistas y después se aplique al resto. La UIF dice que eso no va a suceder, pero nadie puede asegurarlo”.
REDACCIÓN ON24
Por Mariano Fortuna
