Este jueves será un día bisagra para la causa Vicentin, ya que el juez Ramón Lanzón deberá dictaminar si accede o no al planteo del fiscal Miguel Moreno, que pidió la prisión preventiva para directivos de la empresa concursada. Fuentes allegadas a la causa indicaron a ON24 que, por parte de la defensa, se alegará la desproporcionalidad de la medida y la falta de mérito de la misma.
La defensa entiende que este tipo de determinaciones se basan en tres puntos, en los que los directivos de la firma no han incurrido como para hacer lugar a la prisión: primero que la persona haya sido encontrada in fraganti de un delito, “que no es el caso”, afirmaron. También que suponga un peligro de fuga, “cuando los imputados tienen un arraigo demostrado en Argentina y no se van a ir a ninguna parte”, aseveraron. Y el tercer punto está vinculado a si se obstaculiza la investigación, “cosa que tampoco se ha dado porque siempre han estado a disposición y a derecho, proporcionando toda la información requerida”.
Por otra parte, se argumenta que el pedido del fiscal implica un escollo para las negociaciones que se están llevando adelante en el marco del concurso, y, por ende, para el salvataje de la compañía y las fuentes de trabajo. “Una cosa es una salida acordada y otra es una situación como ésta. Ya pasó con el intento de expropiación (en 2020), que había negociaciones avanzadas y se frenaron”, recordaron.
“El proceso concursal está bastante avanzado, con tres socios estratégicos muy interesados, por lo que un escenario extremo como éste podría afectar de manera directa el cierre de la operación”, advirtieron las fuentes.
Además, se refirieron a una “arbitrariedad llamativa” en las medidas que propone el fiscal, porque, “por un lado, trascendieron los pedidos de la Fiscalía, lo que por 48 horas te deja como un potencial detenido; y también trascendieron las negociaciones previas entre la defensa y la Fiscalía respecto a las cauciones, que no eran así como se comunicaron”.
Por estos argumentos, según pudo saber ON24, en la defensa hay confianza en relación a que “no hubo dolo o intencionalidad de parte de los directivos de generar un daño”, y un “moderado optimismo” porque consideran que “no hay ningún justificativo que amerite una medida de esta naturaleza”.
REDACCIÓN ON24
