Las experiencias de Godoy y Arequito, localidades del sur de la provincia de Santa Fe, muestran cómo la búsqueda de consensos, sumada al uso correcto de la tecnología, permiten una convivencia armónica entre calidad de vida y producción.
Según Alejandro Longo, director del INTA Oliveros, “los conflictos periurbanos son uno de los principales problemas”, con el uso de agroquímicos como uno de los ejes de la discusión entre agricultores y vecinos.
Surgido como un asentamiento rural, en Godoy hoy residen 1.300 habitantes. Alrededor de 110 son productores de soja, maíz y legumbres.
Lo que comenzó hace 20 años como un proceso de trabajo comunitario interinstitucional en torno a la conservación del suelo, promovido por la Cooperativa Agrícola local, permitió que la comunidad aborde el manejo de agroquímicos. Luis Carrancio, del INTA Arroyo Seco –Santa Fe–, dijo: “Empezaron a ver que las aplicaciones impactaban sobre el ambiente y querían una regulación más estricta y un control local”.
En 2004, la cooperativa invitó a los productores asociados a participar en un proceso de construcción social de una ordenanza que las reglamentara, con una activa participación del INTA. En este sentido, Longo observó: “La ley es importante, la técnica es importante, pero si no se busca el acuerdo entre los actores que piensan diferente, es muy difícil lograr algo que conforme a esas partes”.
La norma Nº 13/11 se basa en restricciones de fitosanitarios y controles de la comuna en cuanto al momento y a la forma de su aplicación.
Por un lado, prohibió los productos banda roja –los más tóxicos–, para todo el distrito. Restringió el uso de los de banda amarilla y azul –de mediana toxicidad– a 1.000 metros de asentamientos poblacionales y, junto a éstos, sólo permitió aplicar productos banda verde, que son los de menor toxicidad. “El gran impacto que tuvo es que 1.000 metros alrededor del pueblo no se usaron otro tipo de productos que no fueran banda verde y bajaron a menos de la mitad las aplicaciones por año”, aseguró.
Se restringieron también a esa distancia los fitosanitarios volátiles y se prohibió el uso de compuestos a base de nonilfenol, basado en las restricciones que existen en la Unión Europea.
Por otro lado, “desde el punto de vista de la aplicación, lo que se hace es un control con un ingeniero agrónomo”, indicó Carrancio. El profesional “verifica que las condiciones ambientales sean lo suficientemente buenas como para asegurar que el viento no va a llevar las gotas hacia el pueblo”, afirmó.
La ordenanza establece, además, “la obligatoriedad de que el aplicador use ropa de protección personal”, precisó y consideró que “otro ítem importantísimo es el que obliga, en los 100 metros alrededor del pueblo, a que se haga manejo integrado de plagas”.
Con un promedio de 45 reclamos anuales de vecinos que se sentían afectados por las aplicaciones en zonas periurbanas, en 2011 Arequito aprobó la ordenanza Nº 965, que reguló el uso de fitosanitarios. A partir de su puesta en vigencia, de acuerdo con Rafael Abrate, de la firma Acopio Arequito, “sólo se registró una infracción en enero de 2012, que fue sancionada”.
Se dictó integrando una pequeña comisión, que tenía como referencia un ordenamiento territorial, aprobado cinco años antes. El objetivo era generar normativas para desarrollar una producción que garantizara la salud de las personas y del ambiente y un sistema de control para asegurar su cumplimiento.
Con la norma aprobada en Godoy, como modelo, la Nº 965 adhirió a la Ley de Fitosanitarios Nº 11.723 de Santa Fe, confirmó el límite del área urbana y estableció tres zonas.
La ordenanza prohibió la aplicación de fitosanitarios banda roja en todo el distrito y algunos coadyuvantes con efecto a largo plazo, restringió aquellos que se comportan de manera volátil, estableció un registro de aplicadores habilitados, a quienes les exige la capacitación, determinó el lugar y la forma de entrega de los envases y fijó sanciones.
“Arequito está monitoreado por el Ministerio de Salud de la provincia, en un programa que se llama Centinela”, aseguró Carrancio. Aún con ese minucioso control, desde que se aprobó la norma, no se registraron inconvenientes. “Toda la gente implicada en estas aplicaciones está capacitada, usa la ropa de protección y no hay más conflictos, denuncias ni peleas”, explicó.
En este sentido, sostuvo que la tendencia a utilizar determinados fitosanitarios, que son más tóxicos “es netamente cultural y de presión de venta”. Por su parte, Abrate remarcó que “se percibe una total conformidad de los productores: no vieron disminuida su producción ni tampoco incrementados sus costos”.
El uso de plaguicidas no sólo contempla el control eficaz de la plaga involucrada, sino aspectos que aún se consideran colaterales, como la pérdida de los productos y sus perjuicios sobre el agroecosistema y la salud humana.
La aplicación inapropiada de los fitosanitarios puede acarrear riesgos para la salud. Por eso, las buenas prácticas incluyen una serie de técnicas para asegurar que expresen su máxima capacidad, minimicen la deriva y eviten los riesgos para la salud y el ambiente.
En relación al documento Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas –resultado de la interacción público-privada– Federico Landgraf, director ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), precisó que allí “se establecen cuáles son las condiciones de las buenas prácticas agrícolas”. Entre otras cosas, define una zona de seguridad para darle garantías a la gente de las ciudades que tiene inquietudes en este sentido. (INTA)
