La Política Agrícola Común (PAC) es un amplísimo programa de regulación de la producción y el comercio de productos agrícolas en la Unión Europea, cuyos lineamientos básicos fueron esbozados en la posguerra. El objetivo principal que persiguió su puesta en marcha era incrementar la productividad de las explotaciones agropecuarias, aunque también procuraba garantizar ingresos razonables a la población rural y estabilizar los mercados.
El origen de la PAC se fundamenta en la creación de una unión aduanera que establecía el funcionamiento de un mercado único, protegido por aranceles que obstaculizaban la llegada de importaciones. Los principios fundamentales que gobernaron su implementación y posterior funcionamiento fueron los de solidaridad financiera, puesto que los fiscos nacionales aportaban a un presupuesto destinado mayoritariamente al sector agropecuario, y preferencia comunitaria, dado que se consagraba un tratamiento discriminatorio a la producción extra-bloque.
Este conjunto de políticas fue notablemente eficaz en el logro de sus objetivos iniciales. Las cosechas comenzaron a aumentar y en pocos años Europa logró el autoabastecimiento de productos agrícolas, en un marco de enormes progresos en la infraestructura, educación y cobertura social de su sector rural. Sin embargo, el gigantesco esfuerzo fiscal y las amenazas sobre el medioambiente que suponían las medidas fueron planteando cuestionamientos imposibles de soslayar para las autoridades públicas, que se sumaban a las crecientes demandas de liberación y acceso de parte de países eficientes en la producción y exportación de granos, como Australia o Argentina.
En los años ochenta se discutieron reformas tendientes a que los productores respondan en mayor medida a las señales del mercado, comenzando un gradual retiro del Estado que se materializaría en la década siguiente. Por aquel entonces los problemas generados por la PAC eran difíciles de ocultar, destacándose la gran distorsión de precios, los cuantiosos excedentes de oferta y las enormes partidas de gasto que requería el permanente financiamiento del sector. Algunos de estos temas se habían debatido arduamente entre 1986 y 1994 en la ronda Uruguay del GATT.
Los precios sostén se compensaron con ayudas directas a la hectárea, buscando asegurar el ingreso de los productores y evitar los excedentes, bajo la condición de que se cumplan estrictas normativas de cuidado del medioambiente. La proporción del presupuesto comunitario destinada a la agricultura comenzó a caer, tras haber superado el 70% en 1984. El nuevo paradigma buscaba una PAC más justa y ecológica, sin resignar el objetivo de seguridad alimentaria explicitado desde sus comienzos.
En los últimos años, la delicada coyuntura macroeconómica del viejo continente -con altos niveles de desempleo, déficits públicos y economías en recesión- y la llegada de los precios agrícolas a valores máximos históricos dificultaron aún más la justificación de los niveles de subsidios conferidos al sector. Esta situación motivó una redefinición de la Política Agrícola Común para el período 2014 – 2020.
La discusión comenzó en el mes de febrero de este año, cuando los líderes de la Unión Europea acordaron el tamaño del presupuesto agrícola -por debajo del 40% del total comunitario- y la porción recibida por cada país. En el esquema consensuado, el programa de más de € 50.000 millones anuales tendrá como principales beneficiarios nuevamente a los productores franceses, seguidos por los alemanes y españoles.
Posteriormente, en el mes de junio los representantes de los gobiernos, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea mantuvieron reuniones en Luxemburgo y Bruselas con el fin de seguir trabajando sobre la reforma. Uno de los aspectos más cuestionados era la vinculación de los pagos a los niveles de producción obtenidos en el pasado, lo que concentra -en grandes números- el 80% de las partidas en sólo el 20% de las explotaciones. Cabe destacar que cerca del 70% de los productores -unos 14 millones en todo el continente- posee menos de 5 hectáreas, siendo la explotación media de unas 12 hectáreas.
La nueva PAC se aprobó en la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo a finales de septiembre y el visto bueno final lo dará en los próximos días el pleno de la Eurocámara. El texto definitivo contempla un reparto más equitativo de los recursos y garantizará hasta un 30% de los pagos directos a prácticas ecológicas. Las partidas superiores a € 150.000 -destinadas a grandes explotaciones- se reducirán progresivamente, aunque no se logró imponer el tope de € 300.000 propuesto por algunos miembros del Parlamento.
El esquema entrará en vigencia el 1 de enero de 2014, aunque su primer año será de transición. Si bien el programa se ha ido sometiendo a cambios periódicos, su sostenimiento por más de 50 años es una muestra del convencimiento que tienen los políticos europeos en el aporte que efectúa el sector agropecuario a la economía y el bienestar de todos los ciudadanos del bloque.
Autor: Guillermo Rossi – Fuente: BCR
