El Congreso paraguayo aprobó el miércoles una ley que establece impuestos a las exportaciones de granos, lo que ofrece un alivio financiero a las débiles arcas fiscales, pero es resistido por los productores.
La norma establece un impuesto del 10% a la exportación de soja, trigo, maíz y girasol en estado natural, un porcentaje que el Poder Ejecutivo puede reducir en años de baja productividad.
El impuesto se suma a otro aprobado en septiembre que grava la renta agropecuaria, lo que aumentará significativamente el aporte del campo al fisco, en momentos en que un pronunciado déficit fiscal amenaza la estabilidad macroeconómica.
El Estado espera recaudar unos 300 millones de dólares anuales con la aplicación del impuesto a las exportaciones, según uno de los autores de la iniciativa, y cerca de 250 millones de dólares con la renta agropecuaria.
Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja y produce unas 15 millones de toneladas de granos al año. En el ciclo 2013/2014 espera levantar cerca de 9,3 millones de toneladas de la oleaginosa, según estimaciones oficiales.
El país exportó soja por 2.400 millones de dólares entre enero y agosto, dijo el Banco Central.
El impuesto fue aprobado tras un largo trámite que se inició en diciembre de 2012 con la aceptación del Senado y culminó el miércoles en la Cámara de Diputados, que no tuvo votos suficientes para sostener un rechazo previo.
Los productores afirman que el impuesto restará competitividad al país, que ya carga con la desventaja de la falta de una salida al mar frente a los grandes productores vecinos, y que terminará beneficiando a las industrias procesadoras de granos pertenecientes a firmas multinacionales.
El negocio de la soja en Paraguay está mayormente controlado por las multinacionales Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Louis Dreyfus Commodities, Cargill y Noble.
Además de impuestos indirectos, los productores pagaban hasta ahora un impuesto denominado Imagro, que recaudó apenas 15 millones de dólares en 2012, según el ministerio de Hacienda.
Proyectos similares al aprobado habían naufragado en el Congreso en el pasado. El único antecedente de un gravamen a las exportaciones fue un impuesto transitorio de un 4% aplicado en 2004.
La norma sancionada debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo.
